El Poder Judicial de San Pedro Sula reveló este miércoles los delitos que le imputa la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida (FEDCV) a Franklin Eduardo Ramírez Majano, sospechoso de ser el autor intelectual del crimen contra el abogado, René Altamirano.

La detención de Ramírez Majano se llevó a cabo tras siete allanamientos de morada en puntos estratégicos. Según las investigaciones, este hombre de 23 años sería integrante de la Mara Salvatrucha (MS-13).

En horas tempranas de este día, agentes policiales lo trasladaron hasta los juzgados sampedranos para celebrar la audiencia de declaración de imputado. Su rostro mostraba tristeza, llanto y decepción. Sin embargo, se negó a declarar una palabra ante los periodistas.

Cae responsable crimen René Altamirano
El abogado René Altamirano era un reconocido profesional en la capital industrial.

Ruy Barahona, portavoz de los juzgados sampedranos informó a Noticieros Hoy Mismo: "La Fiscalía está presentando el requerimiento en la secretaría del Juzgado de Letras Penal en materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción y se le supone responsable de los delitos de asesinato y asociación para delinquir".

Asimismo, Barahona expresó que los ilícitos son por la muerte violenta del abogado Altamirano y los derechos fundamentales de la sociedad del Estado de Honduras.

No obstante, remarcó que las investigaciones apuntan que en el caso hay más personas implicadas.

Lea además: Cae presunto responsable del crimen del abogado René Altamirano, confirma el MP

La DPI dice tener pruebas contra Franklin Ramírez

La Dirección Policial de Investigaciones (DPI) reveló tras la captura de este sujeto que el ataque armado no solamente iba dirigido contra el abogado Altamirano, sino que también contra un segundo objetivo aún no identificado.

Asimismo, se conoció que Ramírez Majano habría sido el encargado de disparar contra el profesional del derecho. No obstante, para ello antes había recibido la suma de 50 mil lempiras de parte del autor intelectual.

El comisionado Rolando Ponce, director de la DPI indicó: "Tenemos aquí al que presuntamente le dio muerte al abogado René Altamirano en el barrio Medina el 6 de febrero. Ya los medios probatorios existen".

En medio de los allanamientos en los que se capturó al sospechoso, se localizaron evidencias que aportaran a la investigación.
Ahora, el principal sospechoso deberá de responder ante la justicia por dos delitos tras el crimen de René Altamirano.

"De acuerdo a la información que se maneja, serían unos 50 mil lempiras los que habría recibido este ciudadano que se dedica a cuidar el panteón de El Progreso, Yoro", agregó el jefe policial.

DPI: sicarios tenían en la mira a otro abogado

Ponce además reveló que las indagaciones en el caso muestran que al abogado René Altamirano le venían dando seguimiento desde un mes antes de su asesinato. A su vez, confirmó que en el contrato con los sicarios estaba establecido matar a otro profesional del derecho.

Durante los allanamientos en El Progreso, las autoridades decomisaron motocicletas, vestimenta, calzado y teléfonos celulares que se van a analizar para fortalecer el caso, que continúa en investigación para poder capturar a otros implicados y al autor intelectual.

Imagen de cuerpo de nota
Motocicletas decomisadas y donde se habría movilizado el autor material del crimen.

El hecho violento que cobró la vida del abogado hondureño sucedió el pasado 6 de febrero en el barrio Medina de San Pedro Sula, Cortés, cuando lo atacaron a balazos tras descender de su vehículo.

Desde su levantamiento se iniciaron las investigaciones para esclarecer el caso y condenar a los responsables. El gremio de los abogados han exigido que este crimen no quede en la impunidad.

Penas por asesinato en Honduras

El asesinato es considerado uno de los delitos más graves dentro del Código Penal de Honduras y se encuentra fuertemente sancionado.

La pena principal para el homicidio calificado o premeditado puede alcanzar de 20 a 30 años de prisión. Estas, dependiendo de las circunstancias del crimen, como el uso de violencia extrema, la alevosía o la participación de múltiples personas.

Además, si el asesinato se comete contra funcionarios públicos, periodistas, defensores de derechos humanos o menores de edad, la ley contempla agravantes que pueden aumentar la severidad de la condena.