Fredy Omar Aragón Zacapa, quien recientemente aspiró a una candidatura política, enfrenta hoy un auto de formal procesamiento por falsificación de documentos públicos, tras comprobarse que utilizó títulos académicos falsos para ocupar un cargo público en la alcaldía de Gracias, Lempira.
Según el Ministerio Público, Aragón presentó en 2022 un título falso de bachiller en Administración de Empresas y otro documento universitario que lo acreditaba como licenciado en la misma carrera.
Gracias a esta documentación, fue contratado como gerente municipal, devengando un salario mensual que sumó 214,500 lempiras en apenas 10 meses.
¿Cómo descubrieron que los títulos de Fredy Aragón eran falsos?
Durante las investigaciones, las autoridades detectaron que, al enterarse de la existencia de un informe de auditoría sobre su contratación, Fredy Aragón se reubicó como promotor de desarrollo social, con el objetivo de evadir la responsabilidad directa de haber usurpado funciones a partir de documentos falsificados.
A pesar del cambio de cargo, el daño económico ya estaba hecho: el erario público fue afectado, y el caso se convirtió en un ejemplo de cómo el uso de documentación adulterada puede penetrar en instituciones municipales sin una adecuada verificación previa.
Fue candidato a vicealcalde con el movimiento “Somos +”
El escándalo se produce meses después de que Aragón participara en las elecciones primarias del 9 de marzo de 2025, donde se postuló como vicealcalde por el movimiento “Somos +”, facción interna del partido Libertad y Refundación (Libre), liderada por Rixi Moncada, actual precandidata presidencial.
Aunque el caso es estrictamente legal y administrativo, el vínculo político ha despertado nuevas críticas sobre los filtros y la ética en la selección de candidatos dentro de los partidos.
¿Qué medidas tomaron las autoridades contra Fredy Aragón?
El juez que conoció la causa dictó auto de formal procesamiento por dos delitos de falsificación de documentos públicos, abriendo el camino a un proceso penal que podría establecer nuevas medidas ejemplarizantes para casos similares.
El Ministerio Público recordó que las instituciones del Estado están obligadas a verificar la autenticidad de los títulos académicos de cada funcionario contratado, especialmente en cargos gerenciales o con responsabilidades financieras.
Hasta el momento, ni Aragón ni sus representantes políticos han emitido declaraciones públicas sobre el caso.
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