La directora del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos, cuestionó duramente la reciente decisión de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de declarar constitucional la Ley de Amnistía Política.
A través de su cuenta en X, Castellanos expresó que "la amnistía política tiene sus propios jueces, sus propias leyes y sus propios corruptos. Así se construye el poder familiar en Honduras”.
El decreto 04-2022, que establece la Amnistía Política, ha sido criticado desde su aprobación, ya que diversos sectores lo ven como un "pacto de impunidad" para proteger a infractores de la ley.
Esta ley fue aprobada como parte de un proceso de reconciliación nacional, tras el golpe de Estado de 2009 que derrocó al expresidente Manuel Zelaya, y cubre a funcionarios del período 2006-2009.
Amnistía política constitucional
En una votación con una mayoría de 10 a 5, el pleno de magistrados determinó que la ley es constitucional.
Los votos a favor provinieron de los magistrados del partido Libertad y Refundación (Libre) y del Partido Liberal, dos de las tres fuerzas políticas que imperan en la CSJ. El voto de los cinco magistrados del Partido Nacional, el tercer partido presente en el Poder Judicial, fue en contra.
Magistrados a favor de la Ley de Amnistía Política
Magistrados en contra de la Ley de Amnistía Política
Cabe destacar que uno de los requisitos clave de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para la instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH) era la eliminación de este pacto de amnistía política.
