Castillo es acusada del supuesto delito de obstrucción a la justicia por no haber cumplido con la orden del juez de primera instancia Fredy Orellana que pretendía cancelar al partido Movimiento Semilla, que competirá en el balotaje por la presidencia el próximo 20 de agosto, según informó la vocería del Ministerio Público.
Castillo, quien asumió interinamente el mando del Registro de Ciudadanos en Guatemala el 18 de julio, había informado a la Fiscalía que se mantenía en firme la decisión de negar la cancelación del partido que postula al progresista Bernardo Arévalo De León a la presidencia.
Esta tarde, las fuerzas de seguridad realizan un allanamiento en el Tribunal Supremo Electoral con el objetivo de "secuestrar documentación", según explicó la Fiscalía.
Hasta el momento, la captura de Castillo no se ha hecho efectiva, según las fuerzas de seguridad.
De acuerdo con la secretaría del tribunal electoral, Castillo goza de inmunidad por haber sido acreditada en el cargo de registradora de ciudadanos, tras la salida a vacaciones del titular, Ramiro Muñoz.
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La salida de Muñoz tuvo lugar el pasado 18 de agosto, cinco días después de haber negado la solicitud del juzgado, señalando que la ley prohíbe cancelar un partido político en plena contienda.
Caso contra Semilla
El fiscal Rafael Curruchiche acusó el pasado 12 de julio a Semilla de supuestamente incorporar firmas falsas en su proceso de inscripción en 2018 y el juez Orellana ordenó su cancelación.
La Corte de Constitucionalidad, máximo tribunal del país, y los magistrados electorales, ampararon a Semilla evitando su cancelación y dando paso al proceso electoral rumbo a la segunda vuelta electoral del próximo 20 de agosto.
Arévalo De León obtuvo sorpresivamente el segundo lugar en la primera vuelta se medirá ante la ganadora, Sandra Torres Casanova, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).
La situación electoral en Guatemala ha generado fuertes críticas, incluida una de la Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA), que calificó el actuar de la Fiscalía como "un intento por desconocer la voluntad electoral".
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