No hay datos abundantes acerca de la propagación del nuevo virus entre la población de "El Pozo", la cárcel de máxima seguridad de Ilama, Santa Bárbara, donde la semana anterior falleció un reo contagiado con el virus.
El presidio fue cerrado para evitar el contagio masivo de los privados de libertad, según lo referido en una resolución emitida por el Juzgado de Ejecución de San Pedro Sula, Cortés.
Activistas de derechos humanos cuestionaron que la medida fue puesta en marcha muy tarde, ya que los protocolos de prevención debieron estar en marcha al menos desde que se diagnosticaron los primeros casos en el país.
Estos mismos representantes de organizaciones que velan por las garantías de los procesados y condenados, han advertido que hasta un 20 por ciento de los internos de "El Pozo" podrían estar infectados.
Dicha estimación se fundamenta en que el presidiario muerto, un hombre de 52 años y originario de Santa Bárbara, habría tenido convivencia con 300 privados de libertad, según lo revelado por el Comité para la Defensa de los Derechos Humanos.
Sin embargo, el Instituto Nacional Penitenciario informó que el privado de libertad que perdió la vida a causa del Covid tuvo contacto con 90 personas y que compartía el espacio con 70 reos, de los cuales 35 permanecen en cuarentena.
Los interventores del Sistema Penitenciario Nacional afirmaron que la población de privados de libertad se encuentra en buen estado de salud, al tiempo que han confiado que se han activado los protocolos de seguridad para contener cualquier foco de contaminación.
Las instituciones que vigilan el respeto a las garantías esenciales califican como catastrófico que las cárceles eventualmente se conviertan en un centro de infección del Covid, tras la confirmación de un deceso por esa causa en Santa Bárbara.
Dicho establecimiento ya había sido cerrado en 2018 por hacinamiento de los reclusos. El llamado Pozo I alberga preferentemente a líderes de maras y pandillas, imputados por delitos graves como portación de armas, extorsión y asociación ilícita.
Ilama, Santa Bárbara, es una de las cuatro cárceles de máxima seguridad donde han sido remitidos uno de cada dos internos. El Pozo I alberga alrededor de 1,800 privados de libertad.
Entre sus inquilinos figuran integrantes de la Mara Salvatrucha MS-13, Pandilla 18, y cabecillas de las bandas “El Combo que no se Deja”, “La Mafia”, “Los Chirizos” y “Los Benjamines”. Los que han sido sentenciados cumplen condenas que van entre 15 y 200 años.
Ahora enfrentan el riesgo de ser sentenciados por el diagnóstico de Covid 19, la pandemia que evoluciona a nivel nacional y que rápidamente rompió la barrea de los 60 muertos y los 700 contagiados.
