El Ministerio Público (MP) presentó este lunes un requerimiento fiscal y aseguró bienes al excoordinador del Fideicomiso de la Tasa de Seguridad y representante del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Juan Ramón Molina Rodríguez, así como a Liana María Mayorga Castillo, gerente de la empresa Plasticsards S. A., quien ya fue capturada.
Ambos son señalados por el MP de haber defraudado al Estado por 18,547,200 lempiras mediante el suministro irregular de tarjetas PVC para licencias de conducir.
Los delitos imputados son abuso de autoridad, fraude y lavado de activos, dice el comunicado del MP.
Miembros de la Agencia Técnica de Investigaciones (ATIC) llegaron a las 7:00 de la mañana de este día al bufete de abogados en la colonia Alameda, en la capital hondureña, donde supuestamente se encontraba Liana María Mayorga, además, se realizó un allanamiento para encontrar nuevos elementos en el caso.
A las 12:00 del mediodía, un juez dictó detención judicial a Liana por los delitos en mención; sin embargo, aún no se ha oficializado la medida contra el excoordinador del Fideicomiso de la Tasa de Seguridad.
La densa de la socia alegó que el juez no consideró la condición de salud de la socia de Juan Ramón Molina.
"Ella (Liana Mayorga) tiene temas de salud, que no se tomaron en consideración en este momento y tenemos arraigo para medidas distintas a la prisión", expuso su defensa.
"El requerimiento fiscal contra Liana Mayorga y Juan Ramón Molina, fue por defraudar al Estado con suministro de tarjetas para licencias de conducir y lavado de activos, ya que hicieron todo a través de un PCM que era para bioseguridad", detalló el portavoz del MP, Yuri Mora, a través de Noticieros Hoy Mismo de TSi.
'El supuesto contrato irregular'
De acuerdo con las investigaciones del ente acusador, en diciembre de 2021 la Secretaría de Seguridad adjudicó a Plasticsards S. A. la compra de 480 mil tarjetas, pese a que la compañía había sido constituida apenas dos meses antes.
Aunque se reportó oficialmente la entrega de todas las tarjetas, en realidad solo 258,000 llegaron al país.
El 22 de enero de 2022, a pocos días del cambio de gobierno, la Secretaría de Seguridad efectuó un pago de 18.5 millones de lempiras a Plasticsards.
Posteriormente, la gerente Liana Mayorga supuestamente transfirió 17 millones a la empresa Inversiones MyM S. de R.L., propiedad de Molina, quien legalmente tenía prohibido contratar con el Estado por su rol en la Tasa de Seguridad.
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Triangulación y lavado de fondos
Las pesquisas revelan que las tarjetas, aunque adjudicadas a Plasticsards, fueron suministradas realmente por la empresa extranjera Interamerican Service Unlimited Corp., con sede en Estados Unidos. Estas eran importadas por Inversiones MyM, de la cual Molina es socio propietario.
El Ministerio Público indicó que los acusados utilizaron fachadas de empresas internacionales y el sistema financiero de Estados Unidos y Francia para triangular y lavar fondos millonarios provenientes del presupuesto nacional.
Como parte de las acciones, el MP aseguró siete bienes inmuebles, dos vehículos, 37 cuentas bancarias y cinco sociedades mercantiles vinculados a los imputados.
Padre de Liana María Mayorga dice que ella es 'inocente'
Jesús Humberto Mayorga, abogado y padre de Liana María Mayorga Castillo, lamentó la acción del Ministerio Público. A través de HRN, compartió su experiencia como empleado público durante el gobierno del Partido Nacional, en el que ocupó varios cargos. En medio de la incertidumbre, denunció una “persecución política” por parte de un miembro del partido Libertad y Refundación (Libre).
"Existe gato encerrado en el caso de este requerimiento presentado en contra de mi hija. Yo los invito a que suban a las oficinas, no sé por qué esta gente (Libre) está denunciando irregularidades", manifestó Jesús.
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