En cuestión de horas llegará al país un lote de vacunas que fueron cedidas de las existencias de Israel, un país considerado modelo en el programa de inmunización contra el covid a nivel mundial.
Sectores que han mantenido una postura de cuestionamiento sobre la gestión de la pandemia covid-19, han demandado que el proceso de aplicación de las 5,000 dosis de los inoculantes proporcionados por Israel y que corresponden a la farmacéutica Moderna, se realice de manera transparente.
Fuentes del gobierno adelantaron que el primero en ser inmunizado en San Pedro Sula sería el doctor Carlos Umaña y en Tegucigalpa se iniciaría con la especialista del Hospital El Tórax, Suyapa Sosa. La lista completa de los 2,500 profesionales que serían vacunados con los compuestos dados por el Primer Ministro Benjamín Netanyahu, se dará a conocer hasta que todos hayan sido inmunizados.
El gobierno de Honduras se ha comprometido a desarrollar un programa de inoculación prioritaria de los grupos, según su nivel de exposición al virus.
En la primera fila estarían incluidos los médicos, enfermeras, técnicos del sector salud y luego, en un segundo escalón, aparecería la población con enfermedades de base y los adultos mayores.
Conforme lo que han informado los personeros gubernamentales, Honduras le apuesta a la dotación a través del mecanismo Covax, así como a un flujo constante de las fórmulas de Pfizer, Moderna, AstraZeneca e incluso de la propuesta rusa Sputnik, cuya primera parte de 70 mil dosis estaría en el país en el corto plazo.
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En los próximos días, la Organización Panamericana de la Salud emitirá un comunicado en el que definirá el proceso y las fechas de entrega de las vacunas a Honduras.
Al mismo tiempo, la Administración Central del país divulgará los resultados de las pláticas entabladas directamente con las farmacéuticas que, a juzgar por lo que han asegurado los funcionarios, ya están avanzadas.
Además de la aplicación "rápida, justa y equitativa” será necesario imponer todo un sistema de controles para evitar cualquier intención, por mínima que ésta sea, de especulación con el precio o sustracción del fármaco anticovid.
El objetivo es evitar que se repita con las vacunas la experiencia de la etapa más crítica de la pandemia, cuando se disparó el valor de las mascarillas, los guantes y los insumos utilizados para la desinfección, así como el valor de las pruebas de diagnóstico.
No hay que dejarle espacio de maniobra a los grupos de inescrupulosos que suelen estar en la búsqueda de oportunidades para incrementar sus dividendos. Estos personajes podrían ingeniárselas para traficar y vender la vacuna a precios exagerados, han alertado médicos y grupos de la sociedad civil.
De la misma manera, existe el peligro de que surjan los funcionarios o políticos de oficio que se confabulen para recibir una "inmunización VIP", como ha ocurrido en países como Perú y Argentina, donde estos bochornosos episodios se han dado en llamar "vacunagate".
En Perú, la prensa local informó que al menos 487 personas, la mayoría funcionarios públicos, accedieron en septiembre de 2020 a un exclusivo lote de la vacuna china de Sinopharm, cuando todavía se encontraba en ensayos clínicos.
Un escándalo similar estalló en Argentina. El presidente, Alberto Fernández, pidió la renuncia de su ministro de Salud, Ginés González García, después de que se revelara que allegados a éste se habían aplicado el fármaco.
En Honduras, la primera demanda es que el proceso de inmunización sea transparente y esté bajo las esenciales reglas de la universalidad, la equidad y la transparencia.
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