A más de nueve años después del asesinato de Berta Isabel Cáceres Flores, su hija Bertha Zúniga abrió por primera vez las puertas de la casa donde ocurrió el crimen, ubicada en La Esperanza, en el departamento de Intibucá, al occidente de Honduras.

La visita fue documentada por el tiktoker japonés Shin Fujiyama, quien compartió la experiencia con millones de seguidores.

En la grabación se observa la casa pintada de verde limón, con portón y puerta de metal blanca. La joven abre la vivienda y expresa: “Hace más de nueve años aquí fue asesinada mi madre”.

Cáceres Flores explica que la casa nunca había sido abierta al público hasta ahora. “Hemos tratado de mantener todo intacto, como ella lo dejó. Están sus libros, libretas, bolsitas y premios que recibió, como el de Zaragoza, España”, relata.

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Atentado contra amigo de Berta Cáceres, Gustavo Castro

Uno de los espacios que muestra el video es la habitación donde se encontraba Gustavo Castro Soto, activista mexicano que acompañaba a Cáceres la noche del ataque.

En una pared aún se conserva el orificio del primer disparo que lo hirió en la oreja izquierda. “Los criminales lo dieron por muerto”, señaló Bertha.

También se expuso ropa guardada en bolsas negras, incluyendo las prendas que Berta usó cuando fue premiada y la última que vistió antes de ser asesinada.

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¿Quién fue Berta Cáceres?

Berta Cáceres fue una reconocida activista indígena y ambientalista, coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh). Lideró la lucha contra el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca impulsado por la empresa DESA, que pretendía instalar una represa en el río Gualcarque, sagrado para el pueblo lenca.

Su resistencia le valió múltiples amenazas, pero también reconocimiento internacional, como el Premio Goldman en 2015.

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El 2 de marzo de 2016, hombres armados ingresaron a su vivienda y la asesinaron. El crimen provocó una ola de condena mundial y evidenció los riesgos que enfrentan los defensores del medio ambiente en Honduras.

Hasta ahora, siete autores materiales y el exgerente de DESA, David Castillo, como único autor intelectual, han sido condenados. Sin embargo, organizaciones siguen exigiendo justicia total y la identificación de todos los responsables intelectuales.

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