Tres de cada diez homicidios ocurren en las regiones central, norte y oriental del país.

Los municipios más violentos son el Distrito Central, San Pedro Sula, Choloma, Catacamas, La Ceiba y Danlí, son los que muestran los indicadores más altos de violencia criminal, revela un informe de la Secretaría de Seguridad, en articulación con el Ministerio Público, el Registro Nacional de las Personas, la Universidad Nacional, la ONU y la Agencia de EE UU para el Desarrollo Internacional.

El análisis sobre la situación de la violencia y seguridad en el primer semestre de 2022 destaca un aumento de casi tres por ciento en el número de homicidios múltiples.

En este caso, sobresalen dos datos: el primero es que nueve de cada diez víctimas son hombres, y el segundo está referido a que el 60 por ciento de las masacres ocurren en el área urbana. 

Una constante es que cerca del 80 por ciento de los homicidios son consumados con armas de fuego y las principales víctimas siguen siendo los jóvenes entre 18 y 30 años de edad.

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Entre enero y junio de este año, los hechos homicidas han reportado un descenso de 13 por ciento, los suicidios cayeron en 37 por ciento, pero las muertes por accidentes de tránsito se elevaron en 10 por ciento, reflejan las cifras oficiales.

El Sistema de Estadísticas Policiales en Línea (SEPOL), contabiliza entre enero y el 23 de julio (última fecha de actualización), un poco más de 2,000 homicidios, un promedio de 11 muertes al día.

De acuerdo con los datos interpretados por la Policía Nacional, el mes de enero ha sido el más violento con cerca de 400 homicidios y 12 eventos cometidos cada 24 horas.

Los funcionarios de la cartera ministerial de Seguridad y del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional proyectan que 2022 va a cerrar con una tasa de 37 homicidios por cada cien mil habitantes, menor que la variable de los años anteriores.

Los experimentados en dicha materia, sostienen que la estrategia contra la inseguridad debería de tener un fuerte componente de prevención, además del fortalecimiento y depuración de las instituciones que ejercen la acción penal, la persecución del delito la investigación y la impartición de justicia.