No menos de 855 millones de lempiras tendrían que ser invertidos para proveer de agua potable a 5,696 centros educativos que no tienen acceso a ese servicio.
El departamento que muestra el mayor rezago en este apartado es Gracias a Dios, donde el 77 por ciento de los establecimientos carecen de agua potable.
En Valle, en el 49 por ciento de las escuelas y colegios (235 de 475), no existe sistema de suministro del vital líquido, mientras que en El Paraíso ese problema se presenta en cuatro de cada diez centros escolares.
Parecida es la condición que viven los alumnos y docentes de Choluteca. En ese departamento del sur del país, cinco de cada diez planteles no disponen de agua potable.
Y en Olancho, 712 planteles de un total de 1,721 no tienen sistema de acueductos. No se quedan atrás los establecimientos educativos de Francisco Morazán y Yoro.
En suma, el Gobierno tendría que desembolsar cerca de 500 millones de lempiras para la conexión al servicio de agua potable de los centros de enseñanza ubicados en los referidos departamentos.
Una radiografía elaborada por la Secretaría de Educación, señala que 5,326 planteles a nivel nacional están privados de sistemas de tratamiento de aguas residuales. Para este renglón, tendrían que ser aprobada una partida mínima de 410 millones de lempiras.
Las escuelas más afectadas son las que funcionan en Gracias a Dios. En ese abandonado territorio, siete de cada diez establecimientos no tienen en desarrollo procesos para la depuración o reducción de los contaminantes presentes en el agua.
En Olancho, el 45 por ciento de los planteles están en la misma condición y para la instalación de ese servicio se requiere de al menos 60 millones de lempiras.
En Colón, Valle y Choluteca, el 45 por ciento de los establecimientos escolares registran las mismas carencias. La inversión en estos tres comprendidos se estima en 65 millones de lempiras.
A nivel nacional, tendrían que estar disponibles unos 410 millones de lempiras para la instalación del sistema de aguas residuales que consiste en la separación de la carga orgánica para eliminar la cantidad de residuos y contaminantes.
Los dirigentes magisteriales y entendidos en ciencias de la educación enfatizan en que las autoridades del ramo tienen la obligación de establecer prioridades dentro de una política pública de enseñanza-aprendizaje. Y una de tales necesidades es la reconstrucción de la infraestructura escolar.
Se entiende como tal "el conjunto de instalaciones y servicios que permiten el funcionamiento de una escuela, así como el desarrollo de las actividades cotidianas en el edificio escolar”.
Los textos sobre ciencias de la educación destacan un hecho: los espacios donde conviven los alumnos, docentes y directivos deben cumplir los requisitos de calidad, seguridad, funcionalidad, oportunidad, sustentabilidad y permanencia, con el objeto de ofrecer el ambiente físico adecuado para el aprendizaje.
Las escuelas deben, entonces, disponer de estructuras físicas seguras y con la dotación de los servicios básicos que garanticen la permanencia y la salud de la comunidad escolar.
Todas estas condiciones son indispensables para acompañar un buen proceso de enseñanza-aprendizaje. Son tristemente, las facilidades de las que carecen las escuelas en Honduras.
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