Será crucial esta semana para revisar el decreto de amnistía que la generalidad de los círculos de opinión relaciona con un "engendro" de impunidad y de corrupción.
Se espera que, en las próximas sesiones legislativas, el Partido Salvador Honduras concretice una iniciativa para delimitar los alcances de la ley exclusivamente para los delitos políticos y no para aquellos personajes señalados por responsabilidad penal.
Son múltiples las reacciones en torno a la aplicación del decreto de amnistía política que también es calificado como un "pacto de impunidad" por los sectores de la oposición, pero que grupos del oficialismo consideran una normativa que hace justicia a los que supuestamente han defendido el orden constitucional.
Editorial HRN: ¡No a la amnistía para los políticos culpables de delitos penales!
Organismos de la sociedad civil señalan a los jueces que conocen de los casos vinculados con la exención política de imponer criterios indiscriminados que generan más corrupción.
Como se sabe, la amnistía decretada ha beneficiado al ex ministro de la Presidencia, Enrique Flores Lanza; y al ex gerente de Hondutel, Marcelo Chimirri. Se conoce que más de medio centenar de solicitudes de extinción de responsabilidad penal han sido presentadas ante los entes competentes, en tanto que dirigentes de Libre aseguran que siete mil campesinos procesados por delitos que no existen podrían resultar favorecidos.
El Consejo Nacional Anticorrupción ha sentenciado que "la amnistía siempre será para los delitos políticos y no para los políticos responsables de delitos".
En círculos políticos de la oposición, se ha subrayado que quienes se han acogido a la sombra del "decreto del perdón y olvido" no son perseguidos políticos, sino culpables de graves acciones penales.
Revisión extemporánea
A juicio de miembros de las bancadas Nacional y Liberal, la verdad es que no hay vuelta de hoja y el planteamiento para reformar o revisar la ley es "extemporánea", pese a que da lugar a “impunidad”.
Líderes y dirigentes de Libre atribuyen las presiones contra la amnistía al propósito de provocar la ruptura de la alianza que nació, según el compromiso de sus líderes, para la refundación de Honduras.
La liberación de los presos políticos y el cese de la persecución por tales razones son, al final, potestad de los jueces; es decir, del Poder Judicial que, desde el punto de vista de integrantes del partido en el gobierno, está en manos de los nacionalistas.
No es por casualidad que se ha tejido la telaraña de la impunidad en el país. Resulta absolutamente necesario el combate frontal contra la corrupción, han insistido los analistas y miembros de organismos que luchan por la transparencia.
Por ahora se han intensificado las manifestaciones en contra de la amnistía política para quienes han sido procesados y condenados por delitos diferentes.
¿Se trata de una "reprochable" cultura de la impunidad que se contradice con el compromiso del Gobierno de luchar contra la corrupción?
