Aún no hay acuerdos políticos concretos alrededor de la nueva Corte Suprema de Justicia y si en algún momento se había avanzado en el camino, todo quedó empantanado.
Los intentos por acercar las fuerzas políticas están en “punto muerto”. Más bien, la mayoría de sectores críticos del país piensan que hay más obstáculos que oportunidades de que los diputados saquen adelante una elección limpia y con un amplio consenso.
Por una parte, los políticos no quieren ceder en su pretensión de “repartirse” el Poder Judicial y, de otro lado, se ha planteado como un “nuevo tema de negociación” la suma de magistrados suplentes.
Las instituciones partidarias no han podido coincidir en una planilla de candidatos a ocupar las 15 plazas dentro del Poder Judicial, debido a que no están dispuestos a renunciar a sus cuotas de influencia en la impartición de la justicia.
Libertad y Refundación demanda que al menos ocho aspirantes de su afinidad resulten electos, los nacionalistas aspiran a colocar a cinco abogados y notarios, mientras los liberales y los miembros del Partido Salvador Honduras también pugnan por introducir a sus propuestos.
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Según los congresistas de la oposición, las aproximaciones en torno al nombramiento de los “togados” para el período 2023-2030 no han progresado a causa de la postura inflexible de Libertad y Refundación de obtener un dominio en el Poder Judicial.
Los nacionalistas, en concordancia son las bancadas Liberal y Salvador Honduras, han adelantado que no van a acompañar la conformación de una Corte Suprema de Justicia con una ventaja numérica de Libre.
Analistas, sociólogos, académicos y líderes de la iglesia, observan con preocupación los movimientos de los políticos para manejar el nombramiento de los magistrados, en la medida en que “enturbian” el proceso y ponen en riesgo la llegada de la CICIH, el órgano de la ONU que se encargaría de emprender una lucha frontal contra la corrupción.
La propuesta de una reforma legal con fines de crear una planilla de magistrados suplentes es otro tema que amenaza con corromper el nombramiento de los magistrados y dificultar la búsqueda de una vía para conformar una Corte Suprema de Justicia autónoma.
Juristas consultados por HRN convienen en que es un intento de violentar la Constitución y las leyes con el solo objetivo de satisfacer los caprichos de los líderes del partido en el poder.
El máximo líder de la Iglesia Católica, cardenal Oscar Andrés Rodríguez, ha exhortado a los políticos a que tomen la mejor decisión en este momento trascendental para Honduras.
El jerarca religioso ha hecho hincapié en que “hay que pensar en el bien del país”, a la vez que ha justificado: “de nada sirven los buenos propósitos si no hay justicia según el corazón de Dios”.
Debido a la falta de acuerdos, lo que se presenta es una mayor conflictividad entre las fuerzas políticas y, con ello, más riesgos para la democracia, la independencia de los Poderes del Estado y la impartición recta de la justicia.
