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Para evitar que la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad (CICIH) corra la misma suerte que la MACCIH, los sectores que tienen peso en la opinión pública presionan para que la misión de la ONU sea blindada.



La organización Articulación Ciudadana se ha pronunciado por la integración de la figura del querellante en la legislación nacional, en aras de proveer de "dientes" a la entidad que será instalada para fortalecer los esfuerzos en pro de la rendición de cuentas.



La duda que prevalece entre vastos sectores del país es que el discurso anticorrupción del Gobierno no sea sincero o que, en el fondo, esté anidada una motivación política de mantener la impunidad.



Hay quienes tienen sus reservas en cuanto a la verdadera voluntad de las autoridades del país para dotar a la CICIH de mecanismos de investigación y acusación.



Y pareciera que son dispares las exposiciones del canciller, Eduardo Enrique Reina, y la del ministro para la Transparencia, Edmundo Orellana Mercado.



El secretario de Relaciones Exteriores ha declarado que el Poder Popular busca la instalación de un organismo independiente y autónomo, pero los analistas han advertido que no hay interés de otorgarle facultades plenas de investigación y acusación.



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El exfiscal, de su lado, ha dicho que la CICIH vendrá a investigar a los funcionarios. El principal blanco de dicho organismo será el Gobierno, el Congreso Nacional y el Poder Judicial, pero esto no impedirá que indague casos de corrupción de gestiones anteriores.



Literalmente, el titular del Ministerio Público ha declarado que de nada serviría que venga la CICIH a sobreponerse a la institucionalidad hondureña si después de unos cuantos años todo sigue igual: más corrupción y más impunidad.



Representantes de distintos segmentos del país han alzado su voz en un sentido: los hondureños demandan que se siente un precedente y que los corruptos sean llevados a la cárcel.



La condición para que esta exigencia sea viable es la voluntad política de los gobernantes y la labor de vigilancia y de auditoría de la sociedad.



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