En el umbral de los comicios generales a los que están llamados los hondureños, los llamados que han hecho los principales aspirantes a la Presidencia para ponerle fin a la conflictividad que ha prevalecido en la presente campaña proselitista, no son tan contundentes como debieran.
La candidata por la oposición, Xiomara Castro, hizo público un manifiesto en el que ha externado su apoyo a unos comicios en paz y justicia para el respeto de la "voluntad popular" y la protección al derecho del pueblo de elegir y ser electos.
La ex Primera Dama también exhortó a los ciudadanos a denunciar cualquier acto que ponga en peligro el ejercicio del sufragio y el procedimiento electoral en su generalidad.
El nominado por el Partido Nacional, Nasry Asfura, también ha propugnado por hacer prevalecer los principios de la paz y la solidaridad.
Lo cierto es que, pese a que continúan los actos de confrontación política, los principales líderes postulados para asumir el poder no terminan de dar el paso final para sellar un pacto de no agresión.
Las organizaciones de la sociedad civil, analistas y diferentes instancias locales e internacionales que abogan por un proceso limpio, han exhortado a los partidos políticos a firmar un acuerdo por el cual sus máximos exponentes se comprometan a ponerle fin a las rivalidades extremas que han dejado un saldo de 30 muertes relacionadas con el clima de turbulencia electoral.
La propuesta no ha sido tomada en consideración con voluntad categórica y firme. Al menos, no ha pasado de puras declaraciones de los máximos dirigentes partidarios.
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El Comisionado Nacional de los Derechos ha exigido al Gobierno que adopte mecanismos que garanticen la integridad de los aspirantes a puestos de elección.
La defensoría del pueblo ha planteado un rechazo, total a las campañas de odio y de violencia que vulneran el Estado de Derecho y que ponen en riesgo la vida de los aspirantes, militantes, líderes y activistas políticos.
En esa misma línea, representantes de la empresa privada y de la industria y comercio, han evidenciado su rechazo a la violencia de género político y demandado que los candidatos presenten sus propuestas serias a los problemas de Honduras.
Con todo, los principales aspirantes a puestos dentro de la estructura del poder no terminan de tomar la iniciativa para presentar sus respuestas a los problemas de una magnitud sin precedentes que heredará el Gobierno del período 2022-2026.
Los críticos del actual orden de cosas, afirman que el asunto de fondo es que el mensaje y los planteamientos de los políticos que corren en la presente contienda no van en concordancia con la crisis que vive Honduras en todos los órdenes, ni con la necesidad de la población de acceder a mejores condiciones socio-económicas.
