En una extensa y maratónica sesión que se prolongó por más de seis horas, el Congreso Nacional aprobó por unanimidad la nueva Ley Procesal Electoral el 9 de septiembre. La normativa, que regirá los procesos e impugnaciones en el próximo ciclo electoral, fue ratificada tras una detallada discusión artículo por artículo.
La ley, compuesta por 94 numerales, fue elaborada a lo largo de dos años en colaboración entre el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) y la Comisión Electoral del Congreso Nacional.
Según el diputado de Libre, Ramón Barrios, explicó que Honduras es el primero país de Centroamérica en tener una Ley Procesar Electoral.
"Con eso mandamos un mensaje positivo al pueblo hondureño, llevamos dos semanas trabajando, ya se aprobó el presupuesto para las próximas elecciones. Gracias a los esfuerzos, hoy tenemos una Ley Procesal con derechos y garantías de cada ciudadano al momento de elegir en las próximas elecciones", dijo Barrios.
Según algunos diputados, la aprobación de esta normativa es un hito significativo en la regulación del proceso electoral, con la intención de asegurar transparencia y eficacia en la gestión de las elecciones en 2025.
Entre las disposiciones clave de la ley, se establece el papel del TJE como órgano de segunda instancia, con atribuciones específicas para resolver recursos de apelación y requerimientos.
Además, introduce la figura de la “negativa ficta electoral”, la cual se activa cuando el órgano competente no emite una resolución dentro del término legalmente establecido, que es de 20 días hábiles desde la presentación del primer escrito.
La ley también incluye una instrucción para que la Secretaría de Finanzas (Sefin) proporcione apoyo técnico-administrativo y presupuestario para garantizar el cumplimiento de la normativa. Además, se ordena al TJE la elaboración de un reglamento detallado de la ley en un plazo de 60 días después de su entrada en vigor.
