La prórroga fue publicada en el diario oficial La Gaceta, indicó el portavoz de la Secretaría de Seguridad, Miguel Martínez.
Con la nueva ampliación quedarán suspendidas hasta el próximo 5 de julio las garantías constituciones en 123 municipios de Honduras, añadió.
El decreto ejecutivo permite a la Policía Nacional y la Policía Militar del Orden Público (PMOP) coordinar "acciones para dar cumplimiento al presente decreto y mantener el orden, la paz y la seguridad nacional, así como el control de las fronteras terrestres, aéreas y marítimas".
El Parlamento de Honduras tiene un plazo de 30 días para conocer el decreto, ratificar, modificar o desaprobar el mismo.
El estado de excepción "ha rendido muy buenos resultados frente a la grave perturbación de la paz y la seguridad que se sufre en las principales ciudades del país ocasionada esencialmente por grupos criminales organizados que operan como mafias poniendo en riesgo la vida y los bienes de las personas", según las autoridades.
Las personas podrán circular normalmente, ya que el estado de excepción es una herramienta destinada a combatir la violencia y otros delitos, entre ellos la extorsión, según la Policía Nacional.
El estado de excepción, según las autoridades policiales, ha permitido desarticular más de 150 bandas criminales y decomisar 2,263 armas de fuego, 4.895 libras de marihuana (2,225 kilos), 475 kilos de cocaína, 1,372 vehículos y 6,441 motocicletas.
Las fuerzas de seguridad han ejecutado también 3,445 allanamientos de morada y 3,134 órdenes de captura en Honduras, precisó Martínez.
"Se seguirá el combate de manera frontal contra el narcotráfico y grupos delictivos" para garantizar la seguridad ciudadana, subrayó el portavoz de la Secretaría de Seguridad.
Honduras también ha registrado una reducción de la tasa de homicidios en lo que va de 2023, según la Policía hondureña, aunque no ha precisado cifras.
La extorsión ha aumentado en los últimos años en Honduras, donde ha dejado centenares de muertos y en la ruina a miles de micros, pequeños y medianos empresarios, que tuvieron que cerrar sus negocios, mientras que otros se fueron del país.
Muchas de las víctimas mortales eran conductores del transporte urbano, interurbano y de taxis.
Según sus propias denuncias, algunos micros, pequeños y medianos empresarios son víctimas de extorsión hasta por tres bandas criminales.
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