La extorsión es uno de los flagelos que más afecta a los hondureños, pues a diario muchos negocios cierran sus puestos a causa de este fenómeno, del mismo modo muchos emprendedores y comerciantes han muerto a raíz de acciones criminales dedicadas a este mecanismo.

Las autoridades se seguridad del actual gobierno ya han amenazado a estas estructuras criminales dedicadas a la extorsión con dar un fuerte golpe, sin embargo, los esfuerzos aún no han dado resultados.

Funcionarios de la Dirección de Operaciones de la Policía Nacional han negado que los sujetos que se ocupan del cobro de impuesto de guerra estén ganando la batalla a las instituciones del orden público.

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En el mismo sentido, las autoridades han aclarado que, mientras las víctimas no interpongan una denuncia, no es posible ejercer acciones contra los extorsionadores.

Según un informe por organismos independientes enfocados en el fenómeno de la inseguridad señalan que los comerciantes a nivel se ven obligados a pagar 700 millones de lempiras al año, por ese motivo al menos 40 mil emprendimientos han cerrado sus negocios en el país.

"Anualmente las asociaciones ilícitas reciben al rededor de 200 millones de dólares, unos 5 mil millones de lempiras que son distribuidos entra maras, pandillas y bandas que se dedican a este flagelo."

Abogado Gonzalo Sánchez, experto en temas de criminalidad: "Esta situación está dañando gravemente la economía de Honduras, no hay ningún sector en Honduras que no sea extorsionado y eso es grave".

Al mismo tiempo recordó a la población de las promesas de campaña de la presidenta Xiomara Castro de sacar a las estructuras criminales, acotejando con el país hermano de El Salvador.

El abogado sugirió que deben tomar el modelo de El Salvador, que ha tenido buenos resultados hasta el momento, catalogando como el problema más grave que tiene Honduras.

"La criminología dice que aumentar las penas no va a bajar los niveles de criminalidad ni la persecución del delito", dijo en HRN el abogado Gonzalo Sánchez.

Finalmente pidió a la población que sufre de extorsión que salgan a las calles a denunciar para que la voz se escuche y pueda llegar hasta el Congreso Nacional (CN).

Expertos concuerdan en que las bandas de extorsionadores rebalsaron la capacidad de las instituciones del orden público y de investigación.

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