El proyecto de emisión del nuevo documento de identificación nacional está en la cuerda de un "fracaso rotundo".
Esto es así, porque la empresa Productive Business Solutions Honduras (PBS), contratada para proveer el sistema de software No ha cumplido con los términos del contrato que fue otorgado para que, en el término de ocho semanas desde la firman del contrato, entregara una plataforma completamente funcional al Registro Nacional de las Personas.
El programa desarrollado por la firma regional PBS es incompleto, No confiable e inestable, un problema que ha repercutido en el cronograma de entrega, de tal manera que el proceso se ha extendido en al menos un mes con un costo adicional de tres millones de dólares para el Registro Nacional de las Personas.
A este tiempo, PBS No ha superado las fallas que se comprometió a resolver, en lo que es concebido como un proyecto fallido que pone en "jaque" la emisión del nuevo Documento de Identificación, un asunto de alta seguridad nacional y de importancia estratégica para los comicios generales de noviembre.
La contratación de la empresa en cuestión a la que se adjudicó el desarrollo de las herramientas para el manejo de logística, distribución y entrega del documento de identificación, es la historia de negociaciones torcidas, interpretaciones antojadizas de la ley y juego de intereses encubiertos.
A través del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Registro Nacional de las Personas inició la contratación de un software para la distribución de lotes y entrega de la identidad nacional.
La fecha de presentación de las ofertas tuvo que ser prolongada en vista que las empresas participantes arguyeron que el tiempo de entrega estaba muy próximo.
Fue en esas circunstancias de apremio que, en noviembre de 2020, se lanzó el proyecto Adquisición de Software de Entrega e Inventario del Documento de Identificación Nacional, cuyo pliego de ofertas debía entregarse en noviembre, aunque la fecha terminó por fijarse para finales de diciembre.
Luego de la decisión de las empresas interesadas de retirarse, la adjudicación fue para PBS por un monto de 203,000 dólares, con el compromiso de entregar un software funcional en dos meses.
El contrato disponía, además, una penalización de 0.5 por ciento de la suma convenida por cada día calendario de retraso y una indemnización al PNUD del 0.5 por ciento por cada cargo impuesto hasta llegar a un máximo de cinco incidentes castigados.
PBS y el PNUD firmaron el contrato en enero de 2021. La fecha límite para la entrega de todos los productos era el 16 de marzo de este año. Este período No se cumplió, pero -dado que ya No podía ser retrasada la distribución de las identidades- el Registro Nacional de las Personas accedió a iniciar la entrega con un software inestable mientras la empresa trabajaba en corregir los errores y completar la configuración de la plataforma.
Al final, PBS No ha podido alcanzar ese requisito. Hasta hoy, la firma en entredicho lleva más de cien días desde el vencimiento del tiempo determinado y todavía el software No es funcional y No ha sido entregado.
El Registro Nacional de las Personas ha debido gastar más de tres millones de dólares adicionales en pago de personal, todo debido a la falta de la plataforma virtual.
Y en lugar de imponer la multa, penalización o cargos que implica la ejecución de la garantía puesta por la entidad contratada, el Registro Nacional de las Personas ha solicitado al PNUD gestionar la extensión por un mes de la vigencia del contrato.
De acuerdo con documentos en poder de HRN, extrañamente PBS fue contratada en forma directa en los procesos de compra del Consejo Nacional Electoral para los comicios internos y con privilegios para ganar las adjudicaciones posteriores de la entidad rectora de los procesos de consulta democrática. ¿Quién o quiénes están detrás de todas estas transacciones torcidas?.
