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El gobierno de Honduras afirmó que contrató al bufete de abogados Arnold &amp; Porter, pero no lo hizo ante el juicio que acabó con cadena perpetua por narcotráfico a Tony Hernández, hermano del presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, sino para emitir un bono soberano.



La institución hondureña afirmó en un comunicado que la influyente firma fue contratada por el Gobierno en 2019 con el objetivo de "proporcionar servicios jurídicos para la emisión de bono soberano en los mercados internacionales de capital".



Según una investigación del diario The Washington Post y documentos del Departamento de Justicia, los lobistas intentaron influir a los fiscales del caso, que acabó con Juan Antonio "Tony" Hernández sentenciado a cadena perpetua por narcotráfico.



De acuerdo al Washington Post, la firma que había presionado durante el proceso y que se mencionaba sin nombrar en los documentos del proceso contra Tony Hernández sería el prestigioso bufete de Washington Arnold &amp; Porter, que tiene como socio a John B. Bellinger III, exasesor legal del Departamento de Estado con George W. Bush o en el que trabajó el actual Fiscal General Merrick Garland.



La Secretaría de Finanzas de Honduras insistió en que Arnold &amp; Porter fue contratado para "acompañar y asesorar" a la institución en el proceso de colocación de un bono soberano en el mercado financiero internacional.



"Se contrató a dicho bufete por su alto conocimiento y experiencia en el ámbito de mercados internacionales de capital y por su larga trayectoria acompañando al Gobierno de Honduras en los procesos de colocación de bono soberano en los años 2013 y 2017", enfatizó la institución hondureña.



Según los fiscales del caso de Tony Hernández, los lobistas contratados por Honduras los contactaron para advertirles de "consecuencias colaterales" por el proceso en las relaciones con el país centroamericano en lo referente a las bases militares de Estados Unidos en el país, así como "asuntos migratorios no relacionados".



La campaña de Arnold &amp; Porter en nombre del gobierno hondureño intentó desacreditar el valor de algunos testigos en relación al costo "colateral" en las relaciones bilaterales y aseguró que estaba haciendo cabildeo con otros departamentos de la Administración de Donald Trump tras mantener contactos con el Consejo de Seguridad Nacional, según los documentos legales derivados del proceso contra Tony Hernández.



Esos contactos se produjeron en el otoño de 2019, poco después de que Arnold &amp; Porter registrara su relación con Tegucigalpa en la base de datos de agentes extranjeros (FARA) del Departamento de Justicia.



El documento de registro en FARA, con fecha del 23 de septiembre de 2019, incluye un contrato fechado en agosto de ese año por 475.000 dólares más gatos adicionales firmado con Anderson &amp; Porter por la entonces secretaria de Finanzas hondureña Rocío Tábora, según pudo constatar Efe.

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