El subcomisario de la Policía Nacional, Edgardo Barahona, informó que más de 420 mujeres han sido capturadas en lo que va del año por su presunta vinculación con delitos de extorsión y estructuras criminales, lo que, según indicó, las coloca en una situación de alta vulnerabilidad.
“Nosotros registramos 67 muertes violentas de mujeres en lo que va del año”, detalló el funcionario, quien además señaló que muchos de estos casos guardan relación con la participación de las víctimas en actividades delictivas o vínculos sentimentales con integrantes de maras y pandillas.
Barahona afirmó en Diario Matutino de HRN que la institución ha logrado avances en la judicialización de casos recientes.
“Se han logrado judicializaciones en el caso de la estudiante de enfermería Valeria Alvarado y ahora la tiktoker Katy Mozorca”, resaltó.

Críticas al Estado por aumento de feminicidios
Sin embargo, desde organizaciones defensoras de derechos de las mujeres, la lectura es distinta. Lara Bohórquez, investigadora de la Unidad de Investigación Feminista del Centro de Derechos de Mujeres, advirtió que la cifra de víctimas es mayor.
“Hasta el momento se registran 75 muertes violentas de mujeres, hay un incremento en comparación al año anterior”, aseguró.
Bohórquez cuestionó la falta de acciones preventivas por parte del Estado. “El Estado no está haciendo nada para prevenir estos hechos”, denunció.
Además, señaló factores estructurales que inciden en la violencia de género. “Las vemos como objeto sexual, por eso se están dando los feminicidios”, afirmó, al referirse a patrones culturales que perpetúan la violencia contra las mujeres.
La investigadora también destacó que muchas mujeres se ven forzadas a integrarse a estructuras criminales.
“La mayoría de personas que están involucradas en estructuras son coaccionadas a entrar a estas estructuras”, indicó.
En esa línea, agregó que la negativa a participar en estos grupos puede derivar en violencia letal. “Muchas mujeres son asesinadas porque no quieren entrar a estas estructuras”, subrayó.
El contraste entre las cifras oficiales y las de organizaciones civiles refleja la complejidad del problema.
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