Ha llegado la hora decisiva de nombrar los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
La expectativa del pueblo hondureño es que los legisladores den un ejemplo de madurez política, de compromiso con el país y de consciencia de que es imperiosa la necesidad de integrar un Poder Judicial independiente.
Indistintamente de la divisa política a la que pertenezcan, los diputados tienen la histórica responsabilidad de realizar una elección transparente de los togados que van a integrar el máximo tribunal de justicia, un proceso que siempre estuvo manchado por las “sucias componendas” que han desembocado en la repartición del Poder Judicial.
El ambiente previo a la votación de la nómina de los abogados y notarios aspirantes a la Corte Suprema de Justicia es de incertidumbre. Estamos frente a la amenaza de que se genere anarquía y que se produzca inestabilidad político-institucional.
La Misión de Observación Internacional ha expuesto que la designación de los magistrados debió ocurrir hace dos semanas y el Consejo Nacional Anticorrupción ha alertado sobre la pretensión del oficialismo de romper el orden constitucional y de imponer una Corte Suprema de Justicia a su medida.
Desde la oposición política también se ha advertido acerca de la intención del partido en el Gobierno de tomar para sí e Poder Judicial, con el objetivo de traficar con la justicia y llevar a Honduras al comunismo.
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Los hondureños recriminamos que algunos políticos, confabulados con sectores de poder económico y quién sabe si con grupos unidos con células de criminales y corruptos, no quieren ceder en su consigna de mantener cooptada la justicia.
Vivimos un momento trascendental. Nos acercamos a la hora marcada para conformar la Corte Suprema de Justicia para los próximos siete años. El llamado es para que los políticos, en una actitud ejemplar, lleguen a consensos y escojan a los hombres y mujeres con los más altos méritos para ser investidos como magistrados.
Porque los hondureños condenamos a aquellos grupos que están interesados en engendrar el caos, la inestabilidad política, la violación al orden institucional y todas aquellas manifestaciones que nos conduzcan a perder nuestro país.
La expectativa del pueblo es que se imponga el imperio de la ley, la impartición recta de la justicia y la búsqueda del bien común, todo lo cual pasa por el equilibrio político y la autonomía de los Poderes del Estado.
¡Que se rompa la cadena de aberraciones en la aplicación de las leyes y que se ponga fin a los arreglos que han debilitado y destruido el sistema de justicia de nuestro país!
Nos pronunciamos por que prevalezca la justicia, la paz, que se garantice una educación incluyente y de calidad, que haya acceso a un servicio digno de salud y que se abran más empleos para aliviar la pobreza. Los acuerdos, y no el caos, son los que nos llevarán a una Honduras mejor.
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