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El Ministerio Público logró, mediante un acuerdo de conciliación, que Alejandra Patricia Avilés Canales devolviera voluntariamente 819,060 lempiras a 27 personas a quienes habría estafado bajo falsas promesas de viajes nacionales e internacionales.



Durante la audiencia respectiva, el juez competente dictó sobreseimiento definitivo a favor de Avilés Canales, quien fungía como representante legal de las empresas “Hd Club Vacation S.A. de C.V.” y “Alianza Estratégica para el Turismo S.A.”, también conocida como Ale Travel.



<h2>¿Cómo operaba Alejandra Patricia Avilés Canales?</h2>



Según las investigaciones dirigidas por la Fiscalía Especial para la Protección de los Consumidores y Adulto Mayor (FEPCAM) en coordinación con la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), estas empresas convencían a sus víctimas mediante supuestos sorteos tipo tómbola o ruleta, donde ofrecían la posibilidad de ganar viajes turísticos. 



Sin embargo, tras captar sumas considerables de dinero, no cumplían con los servicios prometidos.



El Ministerio Público también reveló que la agencia “Planet Travel”, que opera en Tegucigalpa y San Pedro Sula, utiliza el mismo modus operandi para captar clientes en redes sociales y centros comerciales. 



Las diligencias buscan no solo llevar justicia, sino también restituir los derechos de las personas afectadas por estas prácticas fraudulentas.



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<h3>¿Qué es una audiencia de conciliación?</h3>



Una audiencia de conciliación es un procedimiento legal que busca resolver un conflicto entre las partes involucradas en un proceso judicial sin necesidad de llegar a juicio. 



Se trata de una alternativa para lograr un acuerdo voluntario con la mediación de un juez o conciliador, especialmente en casos de tipo civil, penal o laboral. 



Se aplica en delitos que permiten conciliación, como estafas o daños, siempre que no sean de alta gravedad.



El Ministerio Público presenta el caso y se da la oportunidad de que la persona acusada y las víctimas lleguen a un acuerdo.



Si el acusado acepta reparar el daño, por ejemplo, devolviendo el dinero o compensando a las víctimas, puede evitar una condena.



Si el acuerdo se cumple, el juez puede dictar un sobreseimiento definitivo, es decir, cerrar el caso legalmente.



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