La Dirección Policial de Investigaciones (DPI) capturó este jueves 14 de noviembre a un hondureño, de quien se desconoce su identidad, que habría fingido su propio secuestro para exigir 15 mil lempiras, según informó la Policía Nacional.
De acuerdo al cuerpo de Seguridad, el hecho se registró el pasado sábado 27 de abril en Comayagua, donde el conductor de 37 años habría fingido el delito para obtener dicha cantidad de dinero, misma que iba a utilizar para pagar una motocicleta.
La investigación del caso indica que el hombre contactó a sus familiares, asegurando que lo retenían contra su voluntad y que sus captores exigían una fuerte cantidad de dinero para liberarlo.
Es así que, ante ello, su familia comenzó a reunir el monto solicitado; no obstante, por irregularidades en el caso, la Unidad Nacional Antisecuestros (UNAS) de la DPI comenzó una investigación exhaustiva.
Debido a ello y tras semanas de pesquisas, el cuerpo de Seguridad ubicó al sujeto en un bar en Comayagua, donde se encontraba en estado de ebriedad.
Lo anterior confirmó la sospecha que fingía su secuestro, por lo que solicitaron una orden de captura en su contra.
Pena por fingir delitos en Honduras
El hondureño que fingió su propio secuestro incurrió en el delito de simulación de infracción inexistente, el cual se le sindica a la persona que simula ser responsable o víctima de una infracción penal o denuncia una inexistente, provocando actuaciones procesales de funcionarios públicos que, por razón de su cargo, tienen la obligación de investigarla o perseguirla.
Según lo establecido en el Código Penal, este tipo de delito se castiga con una pena de prisión de seis meses a dos años y una multa de 100 a 300 días de salario.
Dicho delito de simulación de infracción inexistente, según el artículo 529 del Código Penal, se le sindica a quien simula ser responsable o víctima de una infracción penal o denuncia una inexistente, provocando actuaciones procesales ante funcionarios públicos que por razón de su cargo tienen la obligación de investigarla o perseguirla, lo que genera un costo innecesario para el sistema de administración de justicia.
