Por: Mario Rodríguez
La mayoría de los sectores de la sociedad hondureña, “ven con buenos ojos” que los gobernantes de Estados Unidos hayan sancionado la ley conocida como “lista Engel”, que buscará castigar a corruptos que puedan desviar fondos de reconstrucción en Centroamérica.
Esta iniciativa que incluye castigo para los corruptos de los países que forman parte del Triángulo Norte de Centroamérica: Honduras, Guatemala y El Salvador, forma parte del paquete económico que fue aprobado para la reactivación de las economías del área.
Esta ley se basa en el apoyo a los esfuerzos anticorrupción a través de asistencia bilateral, la puesta en marcha de mecanismos multilaterales de transparencia, el fomento a la gobernanza y el robustecimiento de las leyes de acceso a la información.
Y tanto Honduras como los demás países del Triángulo Norte, que aspiran a recibir apoyo para su plan de reconstrucción de parte de la comunidad internacional y en especial de los Estados Unidos, deberán cumplir con todas las reglas de la rendición de cuentas que estable esta ley.
Los principales referentes de opinión pública, manifiestan que en Honduras la corrupción es el principal tropiezo para el desarrollo del país y de acuerdo a diferentes estudios, las pérdidas por los actos de deshonestidad les cuestan a los hondureños unos 65 mil millones de lempiras al año.
Con oportunidad de la pandemia y de los eventos climáticos, los órganos anticorrupción han demandado un informe detallado sobre el gigantesco monto de más de 80 mil mil millones de lempiras que fueron aprobados para dar respuesta a la urgencia de salud, pero cuyo destino no está claro.
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