El Congreso Nacional de Honduras aprobó por unanimidad, el lunes 12 de octubre, la ampliación de seis amnistías que permitirán a ciudadanos, empresas y patronos ponerse al día con diversas obligaciones económicas hasta el 31 de diciembre de 2026.
La iniciativa surgió del diputado nacionalista por Francisco Morazán, Antonio Rivera Callejas, quien planteó extender los beneficios ante las dificultades económicas que enfrentan numerosas familias hondureñas.
La aprobación contó con dispensa de dos debates y prolongó el plazo de las medidas que vencían el 12 de octubre.
¿Cuáles son las seis amnistías prorrogadas en Honduras?
La decisión legislativa comprende seis modalidades que abarcan impuestos, servicios públicos y otros compromisos pendientes.
La amnistía tributaria facilita la regularización de obligaciones ante el Servicio de Administración de Rentas (SAR). La municipal contempla pagos pendientes con las alcaldías, mientras que la vehicular corresponde a obligaciones relacionadas con automotores.
Es decir, esta última comprende la Tasa Única Anual por Matrícula de Vehículos, las tasas registrales vehiculares y las tasas viales municipales de los periodos fiscales adeudados hasta el año 2025 y anteriores.
También figura la amnistía del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), dirigida a obligaciones pendientes de los patronos.
Las otras dos corresponden al servicio de agua potable y saneamiento, así como a deudas relacionadas con el suministro de energía eléctrica.
Cada institución aplicará las condiciones establecidas en su respectiva normativa. Por eso, los interesados deberán consultar los requisitos antes de realizar pagos o solicitar convenios.
¿Hasta cuándo se podrán pagar las deudas sin recargos?
El nuevo plazo vencerá el 31 de diciembre de 2026. Sin embargo, estas amnistías no eliminan las deudas principales: únicamente permiten acceder a exoneraciones de multas, intereses moratorios o recargos, según corresponda.
Rivera Callejas explicó que algunas personas esperan recibir el aguinaldo para disponer de recursos con los cuales cancelar compromisos acumulados.
Además, el decreto exige que las instituciones responsables entreguen al Congreso Nacional un informe sobre los resultados de las amnistías dentro de los 60 días posteriores a su finalización.
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