Cada vez cobra fuerza el bloque integrado contra la implantación de las Zonas Especiales de Empleo y Desarrollo (ZEDE).
El movimiento levantado para rechazar el régimen especial que ha sido aprobado por el Congreso Nacional, está respaldado por la Iglesia Católica, la empresa privada, académicos, autoridades edilicias y fuerzas vivas.
La Diócesis de La Ceiba, Atlántida, ha emitido un pronunciamiento en el que sobresale un rotundo "No a las ZEDE", porque -en opinión de los líderes religiosos del sector- generan desigualdad y son una "iniciativa perversa".
De acuerdo con el pensamiento de los predicadores de la Palabra en el sector atlántico, y que está plasmado en el documento, las Zonas Especiales tienen un acento de "ilegalidad, inconstitucionalidad y perversidad".
Hace una semana, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras fijó su postura acerca de la creación de las ZEDE. Los académicos han convenido en calificar dicho régimen extraordinario como "la más grave violación al Estado de Derecho que se ha registrado en la historia del país".
Los empresarios e industriales del país comparten esos juicios de valor en torno a las regiones creadas supuestamente para atraer la inversión y generar puestos de trabajo en escala masiva.
Las fuerzas vivas y autoridades de los gobiernos locales también se han unido para demandar que se dé marcha atrás a la instalación de las ZEDE por cuanto vendrán a "profundizar la desigualdad y la convivencia de un Estado dentro de otro Estado", además de crear regímenes económicos, fiscales y un modelo diferenciado de justicia.
Segmentos políticos de la oposición han iniciado acciones tendientes a sustentar una iniciativa ciudadana que haga viable la derogación de la controversial ley de creación de las Zonas Especiales que en el gobierno del ex presidente, Porfirio Lobo Sosa, fue promovida con el nombre de "Ciudades Modelo" y que, finalmente, no llegaron a ser aprobadas.
Intérpretes de lo que acontece en el país están seguros de que las ZEDE van a desembocar en una segregación social y en la destrucción del Estado de Derecho, con el riesgo que Honduras se consolide como "paraíso fiscal y refugio de personajes corruptos o de elementos del crimen organizado".
La legalidad es la piedra angular del Estado de Derecho. ¿Se quiebra este principio por razón de las ZEDE? ¿Se destruye la seguridad jurídica y la procura del bien común?
Las respuestas son encontradas. El tema está abierto para que sea consensuado en el marco de la concertación de un plan de nación y de un proyecto de país, toda vez que haya voluntad política de escuchar las demandas de las mayorías.
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