La protección social es bastante precaria en el país. Esta condición se refleja en un dato: entre 2022 y junio de 2023, la población de derechohabientes se ha reducido en más de 20,000.
Según los reportes del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), la masa asegurada ha tenido un derrumbe muy pronunciado, sobre todo en los 12 meses más recientes.
La zona norte es una de las mayormente impactadas por este fenómeno. Entre 2022 y 2023, el municipio de Villanueva reportó una disminución desde 46,000 derechohabientes a 38,400 afiliados.
El Choloma, los asegurados pasaron de 59,600 a 49,500 y en San Manuel, siempre en Cortés, el descenso del sector protegido por el Seguro Social fue de 2,700 personas.
En conjunto, se trata de la reducción de 20,466 en el número de derechohabientes del Seguro Social, especialmente en la región norte, donde la pérdida de puestos de trabaja ha sido sustancial.
Los mismos expedientes de la iniciativa privada y de la industria, detallan que este año han sido cerradas 32,000 plazas laborales en el sector maquila, uno de los de mayor producción de fuentes de ingresos.
A partir de estos datos se establecen dos situaciones igualmente graves. La primera es que la institución encargada de prestar seguridad social en el país se ha debilitado y su cobertura se ha ido en “picada”.
La segunda circunstancia particular es que la clausura de espacios de trabajo condena a un mayor número de hondureños al desamparo social y a un estado de fragilidad.
Como resultado, el mercado laboral gira hacia una mayor informalidad, precariedad y a un menor resguardo de los principios de la seguridad y de la previsión social en Honduras.
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