El Banco Central de Honduras (BCH), a través del boletín de prensa No. 59/2024 del 16 de julio de 2024, anunció un incremento de la Tasa de Política Monetaria (TPM) en 100 puntos básicos (1%), elevándose del 3.0% a 4.0%. Esta medida tiene como objetivo mitigar las presiones inflacionarias internas y preservar la posición externa del país.
Según el BCH, la decisión se fundamenta en varios indicadores económicos clave. En primer lugar, la actividad económica mostró un crecimiento interanual del Índice Mensual de la Actividad Económica (IMAE) del 4.7% en mayo de 2024. Aunque la inflación ha desacelerado en comparación con los niveles de 2022, persisten riesgos internos y externos que podrían afectar su evolución. Además, en el sector externo, las exportaciones disminuyeron un 3.6% interanual debido a factores como el cambio climático y enfermedades fitosanitarias, mientras que las importaciones aumentaron un 3.6%.
La pregunta crucial es: ¿Es esta decisión beneficiosa para la economía del país? ¿Cómo afectará a los ciudadanos el aumento de la tasa de interés? Para responder a estas preguntas, es necesario evaluar tanto los aspectos positivos como negativos de la medida.
Aspectos positivos esperados:
Aspectos negativos esperados:
Un elemento adicional a considerar es la confianza. Si bien, la teoría económica sugiere que, ante incrementos sostenidos de la inflación, la autoridad monetaria debe utilizar instrumentos de política monetaria, como el ajuste de la TPM, el contexto actual de Honduras parece no justificar una medida de esta magnitud. En 2022, el país alcanzó inflaciones de doble dígito y el BCH no tomó medidas al respecto. Además, el contexto internacional apunta nuevamente a un periodo de ralentización económica, lo que podría agravar los efectos adversos de esta decisión sobre nuestra economía.
En conclusión, aunque la medida busca estabilizar la economía, la decisión del BCH parece tardía, aumentando el riesgo de impactos negativos. Es esencial que se implementen estrategias complementarias como políticas monetarias y crediticias, medidas de apoyo especialmente a las MiPyMes, entre otras para mitigar estos riesgos y asegurar un crecimiento económico sostenible.

