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La exfiscal Sandra Ponce advirtió que el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) enfrenta retos estructurales graves para atender las impugnaciones a los resultados electorales, luego de la declaratoria oficial emitida el 30 de diciembre por el Consejo Nacional Electoral (CNE). 



Según la exfuncionaria judicial, las debilidades institucionales, presupuestarias y normativas ponen nuevamente en entredicho la confianza ciudadana en el sistema electoral hondureño.



Ponce afirmó que la responsabilidad del TJE aumenta de forma considerable tras la declaratoria oficial, ya que debe conocer y resolver los recursos presentados por los distintos partidos políticos. 



Sin embargo, señaló que el órgano jurisdiccional electoral opera sin el financiamiento adecuado y con un pleno debilitado, lo que limita su capacidad de respuesta en un momento clave del proceso democrático.



<h2>Falencias arrastradas desde procesos anteriores</h2>



De acuerdo con la exfiscal, la situación actual no representa un hecho aislado. Por el contrario, evidencia problemas que el país arrastra desde las elecciones de 2013 y 2017, así como observaciones formuladas tras los comicios de 2021 por misiones internacionales de observación electoral, entre ellas la OEA y la Unión Europea.



Ponce recordó que, aunque en 2021 se aprobó una nueva ley electoral orientada a fortalecer la independencia de las autoridades, ese objetivo solo quedó plasmado en el papel. En la práctica, sostuvo, persiste una injerencia constante de los partidos políticos en las decisiones del CNE, lo que debilita la credibilidad del proceso.



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<h3>Presupuesto y plazos, los nudos críticos</h3>



Otro de los puntos señalados por la exfiscal tiene que ver con la jurisdicción electoral. A su criterio, el TJE no solo carece de recursos económicos suficientes, sino que además enfrenta plazos ajustados para resolver apelaciones y reclamos contra las decisiones del CNE, lo que incrementa la presión institucional y el riesgo de conflictos postelectorales.



En ese contexto, Ponce consideró urgente impulsar una reforma electoral profunda, que vaya más allá de cambios cosméticos y permita prevenir las anomalías que, posteriormente, alimentan denuncias de fraude y desconfianza ciudadana.



<h4>Tecnología y confianza ciudadana</h4>



La exfiscal también identificó la parte tecnológica como uno de los principales 'talones de Aquiles' del proceso reciente. 



Del mismo modo, recordó que la Unión Europea ya había advertido en 2021 sobre los riesgos de tercerizar los sistemas tecnológicos sin una gobernanza robusta, una debilidad que —según dijo— volvió a evidenciarse en esta elección.



Finalmente, Ponce subrayó que la ciudadanía hondureña volvió a mostrar una vocación democrática clara, al demandar paz, estabilidad y atención a problemas estructurales como la pobreza, la desigualdad y la corrupción. 



No obstante, concluyó que las dudas persistentes surgen por fallas conocidas del sistema electoral, que deben corregirse con urgencia para evitar que cada elección derive en una nueva crisis institucional.



<h5>Declaratoria de elecciones: vienen las impugnaciones</h5>



Un total de 66 alcaldías con resultados ajustados pasarán a la etapa de impugnaciones ante el Tribunal de Justicia Electoral (TJE), luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) emitió la declaratoria oficial de las elecciones generales, lo que habilita legalmente la presentación de recursos por parte de los candidatos inconformes.



El magistrado presidente del TJE, Mario Flores Urrutia, explicó que el Tribunal analizará cada expediente conforme a la ley y, de ser necesario, ordenará recuentos jurisdiccionales públicos, abiertos a la observación de la sociedad civil, medios de comunicación y comunidad internacional, para garantizar certeza jurídica y respeto a la voluntad popular.



No obstante, el titular del TJE advirtió que la institución enfrenta limitaciones de personal y presupuesto, al contar con apenas 35 personas para integrar las mesas de recuento, por lo que reiteró un llamado a universidades, iglesias y organizaciones civiles a colaborar con recurso humano capacitado ante la magnitud del proceso de impugnaciones que se avecina.



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Estos retos enfrentarían impugnaciones en el TJE, según exfiscal