Tras un año de la masacre en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS), en Támara, 25 kilómetros al norte de Tegucigalpa, donde 46 mujeres fueron asesinadas, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) externó su preocupación por la impunidad en el caso.

Tal órgano se pronunció luego de que, el pasado jueves 20 de junio, la masacre en la PNFAS cumplió un año y, pese al tiempo transcurrido, todavía no se ha esclarecido la verdad de lo acontecido ni se ha sancionado a los autores materiales e intelectuales.

En ese contexto, el Conadeh enfatizó en que dicha impunidad "acarrea riesgo de responsabilidad internacional para el Estado", lo cual "ha sido sancionado en anterioridad por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por hechos similares", recordó a través de un comunicado.

Por lo anterior, el organismo pidió al Estado que tome "la investigación como un deber jurídico bajo los estándares de celeridad y seriedad" para garantizarle a la familia el derecho a la verdad y, además, para que no se repitan los hechos.

Falta de respuesta

La entidad también destacó que, en diversas ocasiones, ha solicitado a las autoridades el acceso a la información sobre los hechos y las investigaciones; sin embargo, todavía no ha recibido respuesta a lo requerido.

"El Conadeh reitera que los hechos se subsumen en el deber del Estado de adoptar una debida diligencia reforzada por tratarse de víctimas en una situación de vulnerabilidad acentuada al ser mujeres bajo custodia del Estado", resaltó el organismo ante la prolongación del proceso judicial y las investigaciones sobre el caso.



Masacre en cárcel de mujeres en Támara

La mañana del 20 de junio de 2023, durante una reyerta, 46 mujeres murieron en el PNFAS: 23 a causa de armas de fuego y 23 por quemaduras en un incendio.

Según el Ministerio Público y la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), la matanza fue un "hecho planificado" por integrantes de la pandilla Barrio 18 que estaban presas contra miembros de la Mara Salvatrucha (MS-13).

No obstante, dos días después de la masacre, la viceministra de Seguridad de Honduras, Julissa Villanueva, señaló que esta fue planificada "adentro y afuera" de la penitenciaría.

Además, indicó que algunas armas y municiones que se utilizaron pertenecen a la Policía Nacional.

Un año después del hecho, el Ministerio Público únicamente ha presentado requerimientos fiscales contra 16 privadas de libertad por suponerlas responsables de la masacre, señala el Conadeh.