La adquisición de esas estructuras es un capítulo de infamia que se realizó al calor de una crisis de salud y humanitaria de 2020; a la vez, una manifestación de podredumbre de los personajes siniestros que siempre quieren sacar provecho de las calamidades que golpean a Honduras.
Es, igualmente, una expresión de impunidad que prevalece en Honduras. No en vano, nuestro país ha retrocedido en los últimos años veinte puntos en materia de transparencia.
Han pasado varios meses desde que la desventurada gestión anterior de Inversiones Estratégicas (Invest-H), adquirió siete hospitales móviles por la suma de 1,200 millones de lempiras, cerca de 50 millones de dólares.
Nunca entraron en plena operación las llamadas “tiendas de campaña” o “carpas recicladas”, como atinadamente les han dado en llamar empresarios, industriales, dirigentes de la sociedad civil y profesionales de las ciencias médicas que han mantenido una postura beligerante frente a la administración errática de la salud pública.
Los conocedores de la temática siempre nos advirtieron que la compra de los hospitales fue una “completa estafa”, pues -además de haberse pagado una cantidad muy por encima de su valor en el mercado- el proveedor no cumplió con las condiciones del contrato en cuanto a los protocolos técnicos, de calidad y de funcionalidad de tales centros de asistencia temporales.
En todo este enjambre, los interventores de Inversiones Estratégicas mostraron, en su momento, más vacilaciones que contundencia en sus acciones, pese a su compromiso declarado de no “encubrir” a nadie que fuese culpable del despilfarro del dinero presupuestado para atender la urgencia sanitaria.
El Ministerio Público, de su parte, abrió varias líneas de investigación, mayormente motivadas por la presión de sectores que reclaman justicia y castigo para los culpables intelectuales y ejecutores de uno de los capítulos más vergonzosos de corrupción en nuestro país.
En el camino para desentrañar este caso se han encontrado muchos tropiezos por la causa de siempre: los corruptos están bien organizados y se protegen entre sí.
Y desde los Poderes del Estado, sigue siendo pronunciado un doble discurso sobre el combate a la corrupción y el impulso de la rendición de cuentas de parte de los funcionarios públicos.
El reclamo de los hondureños es que los responsables de haber hecho pingües negocios en tiempos de calamidad sean expuestos a la justicia y castigados por las leyes sin misericordia.
Somos más quienes exigimos que los recursos públicos orientados al sector salud sean manejados con transparencia, racionalidad y responsabilidad, más aún en tiempos de emergencia y desgracia. ¡Que se haga la justicia! ¿Que no quede todo en simple escándalo!
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