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En cuanto a la magnitud del problema, el representante del Cohep indicó que la invasión se ha expandido en ocho departamentos del país, abarcando más de 45,000 hectáreas invadidas. 



"Al menos 45,000 hectáreas están invadidas en ocho departamentos; en 17 municipios están concentradas las usurpaciones. Los operadores de justicia actúan con indiferencia", manifestó Solórzano.



<blockquote class="twitter-tweet">🔴<a href="https://twitter.com/hashtag/MatutinoHRN?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#MatutinoHRN</a> Gustavo Solórzano del COHEP sobre invasiones de tierra en Honduras.<a href="https://t.co/NXSn5s7U0q">https://t.co/NXSn5s7U0q</a> <a href="https://t.co/Hjb0a3UjLc">pic.twitter.com/Hjb0a3UjLc</a>— Radio HRN (@radiohrn) <a href="https://twitter.com/radiohrn/status/1734563317572653315?ref_src=twsrc%5Etfw">December 12, 2023</a></blockquote> <script async="" src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>



Los departamentos más afectados, según Solórzano, incluyen Cortés, Francisco Morazán, Yoro, Choluteca, Comayagua, Santa Bárbara y Atlántida.



El asesor legal explicó que la invasión de tierras ha impactado negativamente en la economía del país, especialmente en sectores como el camarón, la palma, la caña de azúcar y la ganadería, los cuales han reportado pérdidas durante este 2023.



Además, destacó que la inseguridad jurídica generada por estas invasiones aleja la inversión extranjera. La falta de una política eficiente por parte del Estado de Honduras para la legalización de tierras se convierte en un obstáculo significativo para atraer inversiones.



En el ámbito urbano, la invasión de tierras representa un riesgo en las principales ciudades como Tegucigalpa y San Pedro Sula, debido a la aglomeración de habitantes. Las personas en extrema pobreza se ven obligadas a invadir terrenos urbanos.



En zonas rurales, campesinos han confrontado a terratenientes, como en el Bajo del Aguán, donde se han reportado incluso casos de violencia y muertes.



Solórzano resaltó la gravedad del problema al estimar que estas invasiones afectan al menos la generación de 120 mil empleos, ya que no se resuelve el problema de la tenencia de la tierra.



<h4>Comisión nombrada por Castro</h4>



El gobierno de la República, en Consejo Nacional de Defensa Seguridad (CNDS), creó el 7 de junio de este año la Comisión de Seguridad Agraria y Acceso a la Tierra, que dio a conocer la Presidenta, Xiomara Castro, a través de una cadena nacional de radio y televisión.



La mandataria ordenó ejecutar las órdenes de desalojo de tierras, con prioridad las de actividades de palma aceitera, caña de azúcar, bananera y cualquier agropecuaria productiva.



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