La Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado presentó un requerimiento fiscal contra cuatro policías señalados de haber participado en el secuestro de un testigo protegido en Santa María de Real, Olancho, caso en el que habrían exigido 70 mil lempiras para liberarlo.
Los acusados fueron identificados como Óscar Andrés Blandín Blandín, José Eliezer Oseguera Aguilar, Rolin Vicente Torres López y Kevin Uliser Maradiaga Centeno, quienes están asignados a distintas unidades policiales, entre ellas el Centro Pedagógico de Internamiento para Menores Infractores Jalteva y la UMEP-4 de la colonia Kennedy.
Investigan a policías por secuestro y allanamiento ilegal
De acuerdo con la Unidad Nacional Antisecuestros (UNAS), el hecho ocurrió en julio de este año, cuando los agentes ingresaron sin autorización al domicilio de un testigo protegido. Tras llevárselo por la fuerza, se comunicaron con los familiares de la víctima para exigirles el pago de 70 mil lempiras a cambio de su libertad.
Los delitos por los que se les acusa son secuestro cometido por funcionarios públicos y allanamiento de domicilio, ambos contemplados en la legislación hondureña como delitos graves cometidas desde el ejercicio del cargo.
Identificados e individualizados
Las investigaciones permitieron identificar a los cuatro policías como presuntos responsables y el Ministerio Público confirmó que serán remitidos al juzgado competente en materia de criminalidad organizada, medio ambiente y corrupción, donde enfrentarán el proceso correspondiente.
¿Cómo se penaliza a un policía?
La penalización a un policía que comete un delito no es diferente a la de cualquier ciudadano, pero sí puede agravarse porque se considera que abusó de la autoridad que el Estado le otorgó.
De acuerdo al artículo 239 del Código Penal: "Quien priva de la libertad a otra persona exigiendo alguna condición para liberarla, debe ser castigado con las penas de prisión de ocho (8) a doce (12) años y prohibición de residencia por el doble del tiempo de la condena".
Responsabilidad penal (cárcel)
Si un policía comete un delito —como homicidio, secuestro, extorsión, allanamiento ilegal, tortura, etc.— es juzgado bajo el Código Penal.La pena puede ser igual o incluso mayor porque se considera:
“Abuso de autoridad” o “delito cometido por funcionario público”,
lo que agrega años de cárcel dependiendo del caso. Por ejemplo:
- Secuestro cometido por un funcionario puede tener pena agravada.
- Homicidio cometido por un policía puede incluir agravantes por abuso de poder.
Sanciones administrativas y disciplinarias
Además del juicio penal, entra en acción Asuntos Internos o la Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales (DIDADPOL).
Pueden aplicar:
- Suspensión
- Cancelación definitiva de la carrera policial
- Inhabilitación para ocupar cargos públicos
- Apertura de expediente disciplinario
Estas sanciones son independientes del proceso penal.
Agravantes que aumentan la pena
Un policía puede recibir penas más altas si el delito se cometió:
- Usando uniforme
- Usando un arma asignada por el Estado
- En una instalación policial
- Contra una persona bajo custodia
- Aprovechando su cargo o autoridad
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