La captura de Jesús Daniel Tróchez, alias “El Diablo”, por su participación en la muerte de Roberto Chavarría Moreno durante un asalto en Olanchito, Yoro, generó conmoción y reacciones en redes sociales.

La Policía Nacional detuvo a Tróchez junto con Carlos Eduardo Zaldívar Cervantes, alias “El Texas”, durante allanamientos ejecutados el 13 de agosto.

Las autoridades vinculan a “El Diablo” con el crimen ocurrido el 10 de agosto en el supermercado Rosmery, en Olanchito.

Antes de su captura, Tróchez mantenía actividad en TikTok y otras redes sociales, donde aparecía sonriente y compartía videos con una imagen amistosa.

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Sin embargo, la Policía sostiene que operaba en actividades delictivas en la zona norte del país.

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Policía revela confesión de alias “El Diablo” por crimen en Olanchito

Wilber Mayes Ríos, director de Comunicaciones de la Policía Nacional, afirmó que el detenido admitió su participación en la muerte de Chavarría y explicó cómo ocurrió el ataque.

Según el portavoz, Tróchez relató que “El Texas” lo esperaba mientras cometía el asalto al establecimiento para huir del lugar.

“Dijo que la intención no era matar al señor, pero este se le estaba acercando mucho y le disparó por los nervios”, indicó Ríos.

La versión policial contrasta con las primeras declaraciones públicas de Tróchez tras su detención, cuando aseguró ante medios de comunicación que era inocente y que lo habían confundido.

Antecedentes de “El Diablo” y posible pena por asesinato en Honduras

Mayes Ríos indicó que Tróchez ya había enfrentado detenciones anteriores. Registros policiales citados por medios hondureños señalan capturas previas en Olanchito y La Ceiba, aunque posteriormente recuperó su libertad.

La Policía mantiene las investigaciones para establecer el grado de participación de ambos detenidos y determinar si existen más personas vinculadas con el crimen de Roberto Chavarría.

Pena por asesinato

El artículo 193 del Código Penal de Honduras establece que quien mata a una persona con alevosía o ensañamiento puede recibir entre 20 y 25 años de prisión. Cuando existe precio, recompensa o promesa remuneratoria, la pena aumenta de 25 a 30 años.

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