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En Nueva York está desde hace unas pocas horas el expresidente Juan Orlando Hernández, preparado para enfrentar el juicio por cargos ligados con el tráfico de drogas.



Antes de ser extraditado, Hernández declaró: "Soy objeto de un proceso injusto, soy inocente. Es lamentable que aquellos villanos que convirtieron a Honduras en uno de los países más violentos, ahora quieren ser héroes".



Los expertos en ciencias jurídicas y sociales, consultados por HRN, sostienen que el extitular del Poder Ejecutivo puede ser sentenciado a cadena perpetua y que son pocas las posibilidades que tiene Hernández de negociar su condena.



A juicio de los conocedores del proceso legal que se sigue en Estados Unidos a los acusados por el delito de tráfico de sustancias prohibidas, el expresidente hondureño tiene como recurso acogerse a la "quinta enmienda".



La teoría dice que dicha figura forma parte de la declaración de derechos que garantiza ciertas protecciones al acusado. También el derecho contra la autoincriminación se describe en la&nbsp;quinta enmienda a la Constitución&nbsp;de los Estados Unidos y se extiende a las jurisdicciones estatales y locales.



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En ese texto se señala que “no se obligará a ninguna persona en ningún proceso legal a atestiguar contra sí misma". Se consigna, igualmente, que durante el juicio la quinta enmienda le confiere al imputado el derecho a no testificar.



Cuando el señalado invoca la quinta enmienda, los miembros del jurado no tienen permitido tomar en cuenta la negación a testificar cuando deciden sobre la culpabilidad de un acusado.



Se ha adelantado que en un plazo de 60 ó 70 días, el exgobernante podría comparecer ante la justicia de Estados Unidos, en calidad de imputado por conspiración para introducir droga en aquel país y otros ilícitos.



Integrantes de los cuerpos de seguridad y de investigación de Honduras, en condición de retiro, han aseverado que los carteles de la droga se fortalecieron desde 2004, cuando infiltraron con profundidad los círculos políticos, económicos y las instituciones del país.



Analistas locales han resaltado que la extradición de Hernández marca un momento clave para Honduras en la lucha contra el crimen organizado.



El expresidente ha sido entregado a la justicia de Estados Unidos. "Soy inocente, objeto de un proceso injusto", ha declarado Hernández en su último mensaje antes de ser llevado a Nueva York; para Estados Unidos el ex gobernante es culpable.



Lo concluyente es que las peticiones de extradición de nacionales, a quienes se les ha ligado con estructuras criminales, representan un duro revés para el Estado de Derecho de Honduras.



¿Está inválida la justicia en Honduras? El aparato de persecución del delito y de impartición de justicia nacional está gravemente debilitado y hay que recuperar su fuerza institucional.