El Fiscal General de Honduras, Johel Zelaya, a través de su cuenta de X, expresó su reacción ante la decisión de la Corte de Apelaciones de La Ceiba, que revocó el sobreseimiento definitivo otorgado previamente a los defensores del Río Guapinol. Esta resolución llega en medio del clima de tensión generado por el reciente asesinato del ambientalista Juan López, uno de los acusados en el caso.
Zelaya informó que ha ordenado una investigación imparcial respecto al fallo emitido por la Corte de Apelaciones de La Ceiba, que decidió admitir el recurso que revoca el sobreseimiento a los defensores.
Además, ha instruido que se investigue al fiscal encargado del caso, comprometiéndose a garantizar justicia en el proceso.
"No permitiremos abusos ni confabulaciones de ningún tipo", dejó en claro Zelaya.
El Ministerio Público, bajo la dirección de Zelaya, fue quien apeló el sobreseimiento a los cinco ambientalistas acusados de varios delitos, entre ellos privación injusta de libertad, incendio agravado, robo y asociación ilícita.
Los involucrados, Juan López (recientemente asesinado), Carlos George, Reynaldo Domínguez, José Adaly Cedillo y Marco Tulio Ramos, fueron detenidos en 2019 por su oposición al proyecto minero de la empresa Inversiones Los Pinares (ILP), proyecto que, según los ambientalistas, amenaza los ríos Guapinol y San Pedro, ubicados en una zona protegida.
En febrero de 2022, los defensores del ambiente presentaron un amparo ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, argumentando que se les había violado el debido proceso, lo que resultó en el sobreseimiento definitivo a su favor. Sin embargo, con la reciente decisión de la Corte de Apelaciones de La Ceiba, se ha revertido esta resolución, generando preocupación entre organizaciones de derechos humanos.
Al respecto, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) emitió un comunicado alertando sobre el impacto de esta revocación. Según la entidad, la decisión de la corte contribuye a la "criminalización de las personas defensoras de derechos humanos, del ambiente, tierra y territorio" y deslegitima su labor.
Además, advirtió que este fallo aumenta la vulnerabilidad de las comunidades que defienden estos derechos. Conadeh subrayó la responsabilidad del Estado de evitar que las autoridades manipulen el sistema judicial para hostigar a quienes protegen el medio ambiente y los derechos humanos, señalando que no deben ser sometidos a procesos judiciales injustos o sin fundamento.
