Una joven de 22 años denunció haber sido víctima de agresiones físicas y amenazas por parte de su pareja, José Lazo Arce, alcalde del distrito de Juan Guerra, en la región San Martín, Perú.
La mujer, identificada como Cristina Valeria Kike Guerrero y con varios meses de embarazo, entregó a la Policía Nacional videos y audios que documentan los ataques ocurridos durante su relación con el funcionario.
Denuncia con pruebas en contra del alcalde José Lazo Arce
Según el testimonio de la joven, la relación con el alcalde duró más de seis meses y estuvo marcada por episodios constantes de violencia.
Uno de los ataques quedó registrado en un video del 28 de octubre, material que ahora forma parte de la investigación fiscal.
Tras ese último episodio, la víctima decidió abandonar la vivienda que compartía con Lazo Arce en Juan Guerra.
Ella buscó refugio en un hotel de Tarapoto junto a su madre, luego de asegurar que temía por su vida y que ya no contaba con garantías de seguridad, informó Infobae sobre el caso.
“Grabé por miedo a que me pasara algo”, contó la joven, quien afirmó que los ataques se habían intensificado.
'No sabes con quién te estás metiendo': las amenazas del alcalde
En su declaración, Cristina Valeria aseguró que el alcalde utilizaba su cargo para intimidarla.
Según relató, él le repetía frases como:
“Yo soy el alcalde de este distrito, no sabes con quién te estás metiendo. Si me denuncias, vas a salir perdiendo”.
La joven también indicó que, tras hacer pública la denuncia, recibió nuevas amenazas. Agregó que el alcalde tendría antecedentes de denuncias por violencia presentadas por exparejas.
Autoridades buscan al alcalde
La Fiscalía y la Policía Nacional del Perú han iniciado la búsqueda de José Lazo Arce, quien no ha sido ubicado desde que se difundió la denuncia. Los investigadores trabajan para determinar su paradero y esclarecer los hechos registrados en el video.
Víctima bajo protección estatal
La joven informó que el Ministerio de la Mujer la acogió de inmediato y actualmente se encuentra bajo resguardo, mientras avanza el proceso legal.
La denuncia ha generado preocupación en la región San Martín, donde organizaciones y ciudadanos exigen que se garantice la seguridad de la víctima y que el caso no quede impune.
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