Según lo señalado en el escrito, se abordarán asuntos relacionados con dos cartas con las fechas del 19 de enero y el 23 de enero de 2024. La audiencia está programada para las 10:00 a.m. (9:00 a.m. Honduras) y se llevará a cabo en la Sala 11D de los Tribunales de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, Estados Unidos.

El juez Castel ha requerido la presencia de la Fiscalía, así como la asistencia de Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras (2014-2022), Juan Carlos 'El Tigre' Bonilla, exdirector de la Policía Nacional y Mauricio Hernández, y abogados de los acusados para esta nueva audiencia.

En esta nueva audiencia previa al juicio, se conocerá si el juez Castel concede la petición del expresidente Hernández de mover la fecha del juicio para resolver problemas con su defensa y el manejo del uso de una laptop.

En ese sentido, la Fiscalía solicitó al juez Kevin Castel llevar a cabo una investigación sobre las quejas expresadas por Hernández Juan Carlos Bonilla, respecto a sus abogados.

Ambos manifestaron el 18 de enero frente al juez, que estaban inconformes con sus abogados. En el caso de Hernández, argumentó que el líder de su defensa, Raymond Colon, presenta una condición de salud que le impide darle toda la atención al caso.

Por su parte, el exdirector de la Policía, manifestó que su abogado solo revisaba el caso dos veces por semana, lo que causaba tensión.

La Fiscalía enfatizó en que esta designación sería beneficiosa para preservar el orden del proceso judicial, la eficiencia en la utilización de recursos y el cumplimiento del calendario del jurado. Dicha petición fue planteada en una nota enviada al juez Castel el 19 de enero de 2024.

Acusaciones de EE.UU.

Juan Orlando Hernández, alias JOH:

El expresidente de Honduras, enfrenta acusaciones graves por parte de Estados Unidos. Es vinculado de participar en una conspiración corrupta y violenta de narcotráfico desde al menos 2004 hasta 2022.

Durante su mandato, supuestamente utilizó su posición para apoyar a organizaciones de narcotráfico en Honduras, México y otros lugares, recibiendo millones de dólares para facilitar la importación de grandes cantidades de cocaína a los Estados Unidos.

Las acusaciones incluyen que Hernández protegió a algunos de los narcotraficantes más importantes del mundo, incluyendo a su hermano Juan Antonio Hernández Alvarado, conocido como Tony Hernández.

Según las investigaciones, proporcionó información confidencial y utilizó recursos militares y policiales de Honduras para proteger los cargamentos de droga. También se le acusa de haber aceptado un soborno de aproximadamente 1 millón de dólares del narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo, a cambio de proteger las actividades de narcotráfico del Cártel de Sinaloa en Honduras.

Además, se menciona que Hernández se asoció con Geovanny Fuentes Ramírez, un narcotraficante hondureño, para obtener protección y seguridad para sus actividades de narcotráfico. Se alega que utilizó las ganancias del narcotráfico para enriquecerse y financiar sus campañas políticas, lo que contribuyó a su elección como presidente en 2013 y 2017.

Hernández fue extraditado a Estados Unidos el 21 de abril de 2022, El proceso comenzó poco después de que dejara la presidencia en 2022.

La solicitud formal de extradición por parte de Estados Unidos fue remitida a la Corte Suprema de Justicia de Honduras, que posteriormente dio luz verde para su extradición. La detención del exmandatario se produjo el 15 de febrero de 2022, en su residencia en Tegucigalpa.

Juan Carlos Bonilla Valladares, conocido como "El Tigre Bonilla":

El ex director de la Policía Nacional de Honduras, también enfrenta graves acusaciones por parte de los Estados Unidos. Acusado de desempeñar un papel clave en una conspiración internacional de tráfico de drogas, ocurrida aproximadamente entre 2003 y 2020. Durante este tiempo, Bonilla Valladares supuestamente abusó de su cargo en la policía hondureña para facilitar el tráfico de cocaína a Estados Unidos, utilizando armas de fuego, incluyendo ametralladoras, y participando en actos de violencia extrema.

Las acusaciones detallan que Bonilla Valladares estuvo involucrado en la supervisión del transbordo de cargas de cocaína de varias toneladas hacia Estados Unidos y que participó en el asesinato de un traficante rival para promover sus intereses en la conspiración.

Además, se menciona que proporcionó información confidencial de las fuerzas del orden público para facilitar los envíos de cocaína, incluyendo detalles sobre operaciones de interdicción aérea y marítima.

Mauricio Hernández Pineda, un expolicía hondureño

También enfrenta acusaciones graves en Estados Unidos relacionadas con el narcotráfico. Según la información disponible, Hernández Pineda fue acusado de tres delitos relacionados con el narcotráfico.

Estos cargos incluyen conspirar para importar cocaína a los Estados Unidos, usar y transportar ametralladoras y dispositivos destructivos para promover la conspiración de importación de cocaína, y conspirar para usar y transportar ametralladoras y dispositivos destructivos durante la conspiración de importación de cocaína.

Hernández Pineda, descrito como un exmiembro de alto rango de la Policía Nacional de Honduras, habría proporcionado seguridad armada, incluyendo individuos que portaban ametralladoras, para envíos de cocaína de varias toneladas enviados a través de Honduras.

En febrero de 2020, Hernández Pineda se entregó voluntariamente a la justicia de Estados Unidos para responder a las acusaciones. Se reporta que se declaró "no culpable" de los cargos en una audiencia en el Distrito Sur de Nueva York. El juicio estaba programado para enero de 2023.

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