La Policía Nacional confirmó la mañana de este jueves un atentado en contra del reconocido juez de letras penal, Julio Enrique Rodríguez Ramírez, en el sector de El Country de Comayagüela, en la capital hondureña.

Debido a los impactos de bala, el profesional del derecho resultó con heridas de consideración en su cuerpo, por lo que de inmediato lo movilizaron a un centro asistencial, donde permanece bajo vigilancia médica.

Investigaciones en torno al ataque

El portavoz de la Secretaría de Seguridad, Wilber Mayes Ríos, informó a través de los Noticieros Hoy Mismo que tuvieron conocimiento del hecho y por ello se han activado los equipos de investigación.

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Juez Julio Rodríguez, víctima del atentado este jueves.

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"Lamentamos este hecho donde atentaron contra la vida de un reconocido juez de letras de aquí de la capital, en el sector de El Country. Este profesional del derecho se desplazaba por este sector y atentaron contra su vida", indicó Mayes.

Asimismo, comentó que el juez Julio Enrique Rodríguez ya está estabilizado, mejorando, pero bajo la vigilancia médica en un hospital.

"La Dirección Policial de Investigaciones (DPI) hizo el levantamiento de las pesquisas pertinentes y se está haciendo el cotejo de estas, los medios técnicos y tecnológicos que en la zona pudieron haber existido, para esclarecer este hecho", indicó el vocero.

Videos serán pieza clave

Por el momento se desconocen las causas que pudieron haber ocasionado el atentado en contra del togado. Es por ello que las investigaciones de la DPI serán vitales para determinar estos detalles.

Los videos de las cámaras del 911 y viviendas aledañas serán una pieza clave para poder identificar a las personas que atentaron contra el abogado y, posteriormente, se dieron a la fuga.

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El portavoz de la Secretaría de Seguridad confirmó además que el juez permanece bajo resguardo de la Policía Nacional.

Atentados a los operadores de justicia

En Honduras, los operadores de justicia como jueces, fiscales y defensores públicos han sido en distintas ocasiones víctimas de amenazas, intimidaciones y ataques, especialmente en el contexto de procesos vinculados al crimen organizado, narcotráfico y corrupción.

Estos hechos buscan influir en las decisiones judiciales, frenar investigaciones o generar temor dentro del sistema de justicia.

Las agresiones contra estos funcionarios representan una seria afectación al Estado de derecho. Esto, debido a que ponen en riesgo la independencia judicial y el acceso a la justicia.