Durante el juicio del exmandatario Juan Orlando Hernández (2014-2022), han sido mencionados, además de él, que otros exmandatarios, Manuel Zelaya (2006-2009) y Porfirio Lobo Sosa (2010-2014) recibieron dinero ilícito para financiar sus campañas.
Ellos fueron citados por dos testigos de la Fiscalía de Nueva York. Uno de ellos, identificado con el seudónimo de 'José Sánchez', un contador de la empresa Graneros de Honduras, quien asegura que el expropietario de esa sociedad, Fuad Jarufe, fue quien les pagó a los expresidentes.
El contador 'José Sánchez' (seudónimo) declaró que se les ofreció dinero por parte de Graneros Nacionales para sus campañas.
Ante esto, Madrid señaló a la clase política del país que, para sus campañas, se ven obligados a solicitar dinero.
"El juicio a JOH conmociona al país, porque revela cuán infiltrado está por el narcotráfico. La clase política está expuesta. Se han desvelado detalles del financiamiento de campañas políticas con dinero del crimen organizado", expresó el abogado.
Según Madrid, se debe reformar la Ley de Financiamiento de las Campañas Políticas, ya que considera que es un instrumento muy débil que permite la corrupción por parte de aquellos que buscan ocupar un cargo electoral.
"Es un chiste la Ley de Financiamiento de las Campañas Políticas. Esta ley no tiene 'garras'. Los políticos están cómodos con las reglas de juego actuales en materia electoral, no quieren darle a Honduras un estamento jurídico distinto", añadió.
La Ley de Financiamiento, Transparencia y Control de las Campañas Políticas en Honduras es una iniciativa impulsada por la Misión de Apoyo y Combate a la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), y cuenta con el respaldo de diversas organizaciones civiles y empresariales del país. Fue discutida en el Congreso Nacional con el objetivo de establecer regulaciones más claras y transparentes sobre el financiamiento de las campañas políticas.
Además, durante el juicio, Alexander Ardón, exalcalde de El Paraíso, Copán, indicó que los organismos de seguridad del Estado también han estado infiltrados por el crimen organizado.
Por otro lado, la Sociedad Civil ha enfatizado la necesidad de una reforma política-electoral seria para evitar futuros casos como el que se está viviendo actualmente, donde un expresidente hondureño es acusado en Estados Unidos por tres delitos de tráfico de drogas.
El abogado Ivony Meléndez, a través de HRN, ha declarado que el juicio de Hernández Alvarado refleja una justicia débil, manejada por partidos políticos.
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