El Congreso Nacional definió la fecha y horarios de comparecencias para los funcionarios señalados en el proceso de juicio político, fijando las citas para el próximo lunes 13 de abril de 2026 en horarios escalonados ante la comisión especial.
Al respecto, la diputada del Partido Nacional, Tania Pinto, detalló que “el lunes, a las 9:00 de la mañana, estará citado el ciudadano Marlon Ochoa; a las 11:00 de la mañana, el ciudadano Mario Morazán; a la 1:00 de la tarde, la ciudadana Lourdes Mejía; y a las 3:00 de la tarde, el ciudadano Gabriel Gutiérrez”.
Según explicó, todos los convocados a declaración por juicio político tendrán acceso a la denuncia en su contra antes de comparecer.
En ese sentido, Pinto aseguró que el proceso respetará las garantías constitucionales.
“La citación se realizará a través de la Secretaría (del Congreso) para que puedan comparecer ante esta comisión y ejercer su derecho a la legítima defensa, como lo establece la Constitución de la República”, subrayó.
Defensa del proceso y derecho a comparecer
Por su parte, la diputada nacionalista Lissi Cano defendió la legalidad del procedimiento y reiteró que los señalados pueden optar por no asistir.
“Los ciudadanos denunciados tienen su legítimo derecho de no venir a comparecer frente a la comisión”, afirmó.
No obstante, insistió en que la comisión busca escuchar todas las versiones antes de emitir conclusiones.
“Hemos exhortado a los denunciados a que comparezcan para conocer su versión de los hechos”, indicó Cano, al tiempo que rechazó los señalamientos de persecución política.
“De ninguna forma… el juicio político es un instrumento que existe y forma parte de las atribuciones que tenemos como diputados”, sostuvo.
Además, garantizó que el proceso se desarrollará con objetividad.
“Vamos a ser absolutamente imparciales y objetivos; no estamos actuando de manera desbalanceada”, agregó.
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Análisis: causas del juicio político
Desde el ámbito académico, la socióloga y exrectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Julieta Castellanos consideró que el proceso responde a una demanda ciudadana, pero enfatizó la necesidad de centrarlo en hechos concretos.
“No se les está llevando a juicio político por denuncias de fraude, sino porque se ausentaron de sus funciones en momentos clave del calendario electoral”, explicó.
A su juicio, esas ausencias “pusieron en riesgo las elecciones” y evidenciaron una actuación deliberada.
Asimismo, descartó que los señalados puedan alegar victimización.
“No son víctimas de nada; tienen que dar cuenta de sus actos”, afirmó, al tiempo que consideró previsible que algunos decidan no comparecer ante la comisión.
Sesión marcada por tensión y decisiones clave
La admisión del juiciospolítico en contra de los funcionarios se produjo la noche del jueves 9 de abril de 2026, cuando el Congreso Nacional aprobó la denuncia con 91 votos, en una sesión cargada de tensión y enfrentamientos entre bancadas.
El proceso involucra a Marlon Ochoa, consejeros del Consejo Nacional Electoral (CNE), así como a los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral (TJE) Mario Morazán, propietario, y los suplentes, Lourdes Maribel Mejía Estapé y Gabriel Gutiérrez Peralta.
Sin embargo, la bancada de Libre, junto a otros dos los diputados de otras bancadas, votaron en contra de la iniciativa.
Durante la jornada, también se registraron protestas dentro del hemiciclo, donde legisladores manifestaron su rechazo con consignas y pitos, elevando el tono del debate político.
Renuncias en medio de la crisis institucional
En paralelo, la sesión estuvo marcada por renuncias que evidencian la presión política.
La consejera suplente del CNE, Karen Rodríguez, presentó su dimisión tras la lectura del juicio político en su contra.
“Cada una de mis decisiones ha sido tomada de manera individual… sin responder a intereses políticos”, aseguró en su carta, en la que también explicó que evitó participar en acciones que consideró fuera del marco legal.
Asimismo, Rodríguez concluyó que su salida responde a motivos de seguridad: “He decidido interponer mi renuncia irrevocable para salvaguardar mi integridad física, moral, psicológica y la seguridad de mi entorno familiar”.
Por su parte, Suyen Muñoz renunció a la presidencia de la Comisión para la Defensa y Promoción de la Competencia (CDPC), aunque continuará como comisionada.
“Esta renuncia se presenta exclusivamente al cargo de presidenta”, aclaró en su comunicación oficial, en un contexto de creciente tensión política e institucional.
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