El Juzgado de Letras Seccional de la Sección Judicial de Villanueva, en Cortés, en el norte de Honduras, resolvió este jueves enviar a juicio oral y público a Katherine Yulibeth Romero Sorto, de 28 años, acusada de delitos sexuales en perjuicio de dos menores de edad, quienes eran sus hijastros.
Según informó el Poder Judicial en un comunicado, la jueza de Letras Seccional del Área Penal decretó el auto de apertura a juicio y ordenó el traslado de las diligencias al Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula.
El Ministerio Público formalizó la acusación contra la procesada y solicitó la elevación del expediente, mientras que la defensa adelantó que buscará demostrar la inocencia de la imputada durante el debate oral.
A Katherine Yulibeth Romero Sorto se le supone responsable de violación calificada continuada y de dos delitos de otras agresiones sexuales calificadas, también de carácter continuado, cometidos presuntamente contra los dos menores.
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Pruebas presentadas en el proceso
De acuerdo con el Poder Judicial, durante la fase preliminar, la Fiscalía aportó pruebas documentales, periciales y testificales.
Entre ellas figuran los testimonios de los menores rendidos en la Cámara de Gesell, la extracción de información telefónica, dictámenes psicológicos y estudios de trabajo social.
Dichas evidencias serán sometidas a revisión durante el juicio oral y público en el Tribunal de Sentencia.
Actualmente, la encausada cumple prisión preventiva en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS), en Támara, donde permanece bajo custodia desde hace más de tres meses. Una vez notificadas las partes, el expediente será remitido al tribunal para continuar el proceso.
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Los abusos y la captura de Katherine
La Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) capturó el 26 de mayo de 2025 a Katherine Yulibeth Romero Sorto cerca de un centro comercial en San Pedro Sula, luego de que la madre biológica denunciara a la mujer por presuntos abusos contra sus hijos, un niño de 8 años y una niña de 9.
Conforme a lo informado por el Ministerio Público, los abusos habrían ocurrido durante seis años.
Mientras tanto, la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf) confirmó en mayo de este año que desde la denuncia activó protocolos de protección y que los niños se encuentran bajo el resguardo de su padre.
Además, reciben atención psicológica y acompañamiento integral para mitigar el daño emocional causado.
Aunque familiares de la acusada han defendido su inocencia y señalan un supuesto invento de la expareja de su compañero, las autoridades judiciales consideran que existen suficientes elementos para abrir un juicio que determinará su responsabilidad penal.
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