Durante al menos siete años, la empresa Koriun Inversiones operó sin ningún tipo de supervisión estatal, captando millonarias sumas de dinero de miles de personas sin contar con autorización legal, según la investigación del Ministerio Público.
A pesar de las señales de alerta que algunos consideraban evidentes, ni la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) ni el ente acusador tomaron acciones concretas hasta finales de 2024.
El descuido o error que alertó sobre estafas de Koriun Inversiones
Fue precisamente una serie de videos en TikTok los que encendieron las alarmas en la Unidad de Investigación Financiera (UIF), adscrita a la CNBS.
Las grabaciones mostraban prácticas financieras irregulares, como el llamado a inversión bajo la promesa de altos intereses. Tras un análisis preliminar, el personal técnico elaboró un informe que se envió a la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado del MP en diciembre de ese mismo año.
Según el vocero del MP, Yuri Mora, a partir de ese informe se abrió formalmente una investigación contra Koriun y sus principales operadores.
Las inspecciones realizadas en enero de 2025 revelaron graves anomalías, como la falta total de documentación contable y financiera, ausencia de controles internos, y manejo de grandes cantidades de efectivo sin respaldo legal.
El presidente de la CNBS, Marcio Sierra, confirmó que Koriun no figuraba como empresa registrada para la captación de fondos del público, sino como un comerciante individual bajo el nombre de Iván Velásquez, su gerente general.
Esto, según explicó, limitó las facultades legales de supervisión de la CNBS, ya que la supervisión de comerciantes individuales recae sobre la Superintendencia de Sociedades Mercantiles de la Secretaría de Finanzas, una entidad que, en palabras del funcionario, “nunca ha sido operativa”.
Las promesas de Koriun a sus inversores
La empresa ofrecía a sus clientes una rentabilidad del 5% semanal, equivalente al 20% mensual, prometiendo la recuperación total de su inversión en cinco meses.
Para 2024, Koriun reportaba ingresos por más de 86.9 millones de lempiras provenientes de al menos 35,000 supuestos inversionistas, sin estar inscrita en el Registro de Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (APNFD), de acuerdo a la investigación en curso.
En abril de 2025, tras meses de recopilación de pruebas, la CNBS y el Ministerio Público intervinieron formalmente las oficinas de Koriun.
En la intervención se descubrieron 348 millones de lempiras en efectivo, almacenados en cajas de cartón y bolsas dentro de las instalaciones, además de 69 millones más en cuentas bancarias a nombre de Velásquez y su esposa, Kefi Esmeralda Gavarrete Sánchez.
A pesar de las operaciones irregulares, ninguno de los 11 bancos en los que se identificaron cuentas a nombre del matrimonio reportó movimientos sospechosos a la CNBS, según explicó Sierra.
La intervención de Koriun ha puesto al descubierto una red de estafa y ha generado duda sobre la efectividad de los entes supervisores que pone en riesgo el patrimonio de miles de hondureños.
El día que cayó Koriun Inversiones
El 23 de abril el Ministerio Público (MP) aseguró la empresa Koriun Inversiones, con sede principal en Choloma, Cortés, tras confirmar que operaba bajo un esquema Ponzi, "que representa un riesgo para la estabilidad del sistema financiero nacional", según la institución.
El esquema Ponzi consiste en pagar beneficios a los primeros inversionistas con el dinero aportado por nuevos participantes, sin generar utilidades reales. Este tipo de estructuras colapsa eventualmente, dejando pérdidas económicas significativas para quienes invirtieron su dinero.
La empresa operó por años con una autorización de la Alcaldía Municipal de Choloma para funcionar como una casa comercial, pero no tenía permiso de la Comisión Nacional de Banca y Seguros para captar fondos de los ahorrantes.
Los detenidos por estafa millonaria
Hasta el momento, elementos de la Agencia Técnica de Investigaciones (ATIC) ha capturado al gerente Iván Velásquez y su esposa, Kefi Esmeralda Gavarrete Sánchez, ambos acusados por el delito de lavado de activos.
Yuri Mora, portavoz del MP, indicó que ambos no operaban solos, ya que de acuerdo a la investigación se conoció que también está involucrada una red criminal organizada, vinculada a graves delitos.
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