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Una vez que ha entrado en
operación la Unidad Fiscal Especializada contra las Redes de la Corrupción
(UFERCO), se ha desatado una surte de reacciones en torno a la ruta que sigue
Honduras en materia de transparencia.



La salida de la Misión de Apoyo
contra la Corrupción y la Impunidad (MACCIH), dejó un sabor amargo respecto a
la "quebradiza" voluntad y el tambaleante compromiso para combatir la
impunidad en el país.



A la luz de lo expuesto por
quienes han tomado las riendas de la nueva instancia de combate a la
corrupción, no debemos alimentar esperanzas sobre un vuelco en la cultura de rendición
de cuentas.



La UFERCO ha sido dada a luz
sin la suficiente fuerza ni las adecuadas herramientas para ganarle el partido
a los "inmorales" y "deshonestos" que se han robado
nuestros recursos.



Nos genera desconfianza el
doble discurso pronunciado sobre la línea de una batalla contra la corrupción y
de la anunciada política contra la criminalidad en Honduras.



Son planteamientos desprovistos
de una férrea legitimidad y credibilidad, habida cuenta la confabulación de ciertos
grupos que -al final- obtuvieron su propósito de sepultar el acompañamiento de
la misión de la Organización de Estados Americanos.



No
cabe duda que sectores económicos y fuerzas políticas están al acecho y listos
para conspirar contra cualquier nuevo esfuerzo por arraigar una acción
depuradora en Honduras.



Convencidos
estamos que de nada servirán todas las iniciativas a favor de la transparencia
si el plan anticorrupción del Gobierno no apunta hacia aquellos focos de
infección. 



El
plan anticorrupción debe ser traducido en hechos y no quedarse en palabras
vacías, ni en planteamientos populistas o en premisas de fachada.



Nos
llama a preocupación la aseveración del fiscal general, Oscar Chinchilla, en
torno a la existencia de una conspiración contra el Ministerio Público.



La
amenaza de los deshonestos se ha mantenido "viva" y
"fortalecida". Esto es concreto y ha sido denunciado por sectores de
la sociedad civil, agrupaciones políticas de la oposición, gremios y ciertas
corrientes de empresarios e industriales.&nbsp;




Lo
destacado es que sea el propio titular de la institución que ejerce la acción
penal pública quien haya puesto al descubierto la intención de poderosas
células de desbaratar la institucionalidad que lucha contra la corrupción.



Nos
hacemos eco de la declaración juiciosa en el sentido que "No hay peor
sordo que el que no quiere oír ni mayor insensato que aquél que se niega a
escuchar la voz de la conciencia, el clamor de justicia y la demanda para que
sea cortada de raíz la corrupción".

La conspiración de los corruptos

La conspiración de los corruptos

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