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Conocemos de sobra la calamidad de todo el sistema sanitario del sector público a causa del déficit de personal calificado, el desabastecimiento de medicinas y el mal estado del equipo que es utilizado para la realización de estudios especiales.



El caso del Seguro Social es particularmente trágico. Basta con reseñar que los servicios de consulta y hospitalización siguen siendo ofrecidos con displicencia, la provisión de insumos y de medicamentos es irregular y la mora quirúrgica se acumula.



Es una institución que está a punto de colapsar, el número de la población cubierta se ha reducido por la pérdida de empleos formales y, encima, una docena de subespecialistas han renunciado a sus plazas; unos por el retraso en el pago de sus salarios; otros, porque las remuneraciones son bajas.



<h2>La desgracia del Seguro Social</h2>



Es patético, por no decir que se trata de una desgracia. Hace un par de años, los propios facultativos de planta habían revelado que en la capital únicamente estaban en atención un nefrólogo, dos endocrinólogos y tres cardiólogos, mientras en San Pedro Sula la situación era peor.



En cada especialidad se necesitan entre dos y cuatro médicos para dar cobertura mínima a los afiliados al Seguro Social, donde la relación es de unos cinco especialistas por cada diez mil derechohabientes.



Estos profesionales de alta formación están emigrando al sector privado o, en su defecto, ya se fueron a otros países de Europa o Norteamérica. ¿Qué nos espera sin doctores para atender a la población que necesita de una intervención especializada?



¿Cómo es que los funcionarios del Seguro Social se han escudado en la supuesta falta de recursos para brindar una atención humanitaria y de calidad que imploran los derechohabientes?



La demanda justa y el clamor desesperado de los afiliados son los mismos que se plantearon antes y después de que saliera a luz el saqueo de más de seis mil millones de lempiras en perjuicio del Seguro Social hace casi una década.



Viene a memoria que, en ese entonces, los miembros de la Comisión Interventora, nombrada para rescatar la institución, afirmaban a “pie juntillas” que el Seguro Social estaba saliendo de su estado de postración operativa, agonía financiera y atrofia administrativa.&nbsp;



Nada más alejado de la verdad. El Seguro Social sigue en cuidados intensivos: es una institución politizada y una empresa que casi está convertida en un cadáver insepulto.



Por lo mismo, es urgente que sean adoptadas las políticas dirigidas a reivindicar los derechos de los afiliados, en particular, y de la población hondureña, en general. Al cabo, ellos son el fin supremo y los sujetos centrales de la previsión social en Honduras.



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Editorial HRN: La desgracia del Seguro Social

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