El experto en seguridad de Colombia, Hugo Acero, advirtió este lunes que la eliminación de los tratados de extradición por parte de gobiernos de izquierda busca garantizar la soberanía, pero no representa una acción efectiva contra el crimen organizado que opera en sus territorios.
“Los instrumentos para enfrentar el crimen transnacional no los tiene Honduras de manera individual, y ese es un desconocimiento que tiene la presidenta Xiomara Castro. No estamos frente a un crimen local, son empleados del crimen transnacional que van a Honduras y desarrollan negocios dentro del país; son mafias”, declaró Acero en el programa Diario Matutino de HRN.
El experto enfatizó que la extradición es una herramienta clave para combatir delitos que trascienden las fronteras.
“No permitir la extradición abre paso al paraíso para que narcotraficantes transnacionales operen libremente”, afirmó.
Según Acero, el narcotráfico, la trata de personas e incluso el sicariato están directamente vinculados con el crimen organizado transnacional.
En ese sentido, citó el caso de Colombia, donde la eliminación del tratado de extradición derivó en un fortalecimiento del Cártel de Medellín en solo dos años.
“Muchos de los delincuentes que actúan en nuestros países no solo son connacionales”, destacó.
Asimismo, Acero subrayó la importancia de la cooperación internacional en la lucha contra el crimen organizado. “La justicia transnacional y la extradición son fundamentales para combatir estas organizaciones criminales”, puntualizó.
Cuestionó el papel del Gobierno hondureño en el fortalecimiento de la justicia y la aplicación de las leyes.
“¿Qué ha hecho el Gobierno para fortalecer la justicia? ¿Hay protección para los jueces y fiscales que llevan casos de criminalidad organizada?”, se preguntó al finalizar.
Eliminación extradición
La eliminación del tratado de extradición entre Honduras y Estados Unidos en agosto de 2024 marcó un giro significativo en la relación bilateral entre ambos países, especialmente en materia de lucha contra el narcotráfico y la corrupción.
Este tratado, que estaba vigente desde 2012, permitió la extradición de varios exfuncionarios, narcotraficantes y miembros del crimen organizado a EE. UU., donde enfrentaron procesos judiciales por delitos relacionados con el tráfico de drogas y lavado de activos.
Motivos de la anulación
El Gobierno de Honduras, encabezado por la presidenta Xiomara Castro, decidió dar por terminado el acuerdo luego de que la embajadora estadounidense en Tegucigalpa, Laura Dogu, expresara preocupación por una reunión entre el entonces ministro de Defensa hondureño, José Manuel Zelaya, y su homólogo venezolano, Vladimir Padrino. Este último es señalado por EE. UU. de estar vinculado al narcotráfico.
Las declaraciones de Dogu fueron interpretadas por el Gobierno hondureño como una intromisión en asuntos internos, lo que llevó a la decisión de romper el tratado de extradición.
Consecuencias y reacciones
La medida generó fuertes reacciones tanto a nivel nacional como internacional. Analistas y sectores de la sociedad hondureña manifestaron su preocupación, advirtiendo que la eliminación del tratado podría fortalecer a los grupos criminales y debilitar los esfuerzos contra la corrupción.
Además, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) solicitó en enero de 2025 que se reconsiderara la decisión, al señalar que la falta de extradiciones podría agravar el tráfico de drogas y la inseguridad en el país.
Otro factor que ha sumado presión al Gobierno es la política migratoria del presidente electo de EE. UU., Donald Trump, quien ha anunciado deportaciones masivas de hondureños, lo que podría generar un nuevo desafío para el país en términos de seguridad y estabilidad económica.
Hasta la fecha, la administración de Xiomara Castro no ha dado señales de restablecer el tratado, pese a la creciente preocupación dentro y fuera de Honduras.
