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El Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad (IUDPAS) de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), ante la coyuntura actual se expresa en los siguientes términos: 



En las últimas semanas, la comunidad nacional e internacional se ha visto impactada por varios hechos que incrementan los niveles de desconfianza y profundizan la deslegitimidad del gobierno. Los Diputados y el Poder Ejecutivo lejos de tomar acciones para revertir esta situación de incertidumbre y pérdida de rumbo, toman decisiones que profundizan la crisis de gobernabilidad, legitimidad y confianza, además de debilitar el Estado y sus instituciones. 



1. Los juicios en Nueva York y la justicia en Honduras.



Ha quedado en evidencia que hay hondureños que el Sistema de Justicia no pudo a someter ante la ley. Varios hondureños han sido condenados en Nueva York, pero el juicio y condena hermano del presidente Juan Orlando Hernández es excepcionalmente importante porque los testimonios y los fundamentos de la sentencia señalan que el imputado utilizó las estructuras e influencia del poder y la logística y equipo del Estado para proteger a narcotraficantes y custodiar y dar seguridad a cargamentos de droga que transportaban por Honduras. La acusación se vuelve de mayor gravedad cuando narcotraficantes testifican haber aportado fondos para la campaña presidencial del año 2013.



 2. Aprobación del Fondo Social Departamental: 



La intensa búsqueda de protección e impunidad. Continuando con la práctica de antaño, la noche antes de la sentencia a Juan Antonio Hernández Alvarado, conscientes que la ciudadanía estaría pendiente del veredicto de este juicio, los diputados aprobaron el Fondo Social Departamental, una figura que viene desde el año 2006, y bajo la cual diputados acceden a millonarios fondos para uso discrecional, sin procedimientos de ejecución establecidos ni de liquidación.



Después que el Ministerio Público a través de la UFECIC y con el acompañamiento de la MACCIH acusaran a varios diputados/as por hacer uso personal de estos fondos, y que se manifestara el rechazo ciudadano, el Congreso Nacional había procedido a cancelar el Fondo Departamental.



La aprobación del Fondo Social Departamental y su publicación en el diario oficial La Gaceta en el mes de octubre del presente año, reduce las potestades de investigación del Ministerio Público (MP); suspende las investigaciones civiles y penales que están en curso y otorga al Tribunal Superior de Cuentas (TSC) atribuciones que la Ley Orgánica de esta institución no le confiere; debilita al Ministerio en la persecución penal y le impide investigar a cualquier responsable de manejar un fondo una vez el TSC le haya extendido una solvencia o finiquito. La ley aprobada por el Congreso Nacional congela y deja en la impunidad los casos judicializados y en investigación, y protege para un futuro a quienes manejen estos fondos.



 3. La crisis del sistema penitenciario:



Las mismas preguntas cuando las vetustas cárceles El día 26 de octubre del presente año fue asesinado Magdaleno Meza en la cárcel de Ilama, Santa Barbará, conocida como El Pozo, este asesinato hubiera sido otro más dentro de los 12 asesinatos registrados, si no fuese porque la víctima es parte de una de las estructuras criminales que han salido en el juicio de Nueva York y que aparecen vinculadas a Juan Antonio Hernández.



Este asesinato ha derramado mayores dudas sobre las políticas del Estado de Honduras en su combate al crimen específicamente en el sistema penitenciario, ha aumentado la falta de confianza y credibilidad en las instituciones del Estado, y pone en mayor entredicho la relación entre las estructuras de poder, los funcionarios y el crimen.



Varias preguntas quedan sin respuestas ¿Quién pidió que liberaran a Magdaleno Meza el día que lo capturaron y le decomisaron las evidencias, incluyendo las nueve libretas que eran una especie de bitácora de reuniones y entregas de dinero? ¿Por qué los escáneres no detectaron las armas de fuego y las armas blancas utilizadas en el crimen, pero si detectan la droga que las mujeres pretenden ingresar a estos centros? Si las armas no pasaron por el escáner ¿qué funcionario penitenciario las introdujo? ¿Por qué tuvo la deferencia el director del centro penal de llamar a Magdaleno Meza, uno de los cientos de privados de libertad, y trasmitirle personalmente unas disposiciones en cuanto a las normas de visitas? Entre más trata la autoridad de explicar, más dudas quedan entre los hondureños.



 4. La remilitarización del Estado y la sociedad. 



¿Fracasó la SAG? El decreto ejecutivo PCM-252-2019 convertido en Ley de la República mediante la aprobación del Congreso Nacional, manda a crear el Programa de Desarrollo Agrícola adscrito a la Secretaria de Defensa Nacional (SEDENA), esta Ley violenta la institucionalidad del Estado que da a cada institución su función específica; debilita la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) que es la responsable de rectorar, dirigir y desarrollar la política agrícola y ganadera de Honduras; subordina las autoridades civiles a las autoridades militares y otorga a la SEDENA recursos económicos que no tienen potestad ni competencia para administrar. 



La SEDENA ha justificado públicamente esta decisión en el mandato que tiene por ley de “colaborar” con la SAG y otras secretarías de Estado. Resulta sorprendente que en la SEDENA no se establezca la diferencia semántica de los verbos: colaborar, dirigir, implementar y desarrollar. El gobierno se escuda en el artificio que fue una solicitud de sectores campesinos. 



Hoy ha quedado en evidencia por la intervención pública de uno de los solicitantes, que los intermediarios de esta trama fueron dirigentes obreros, algunos de ellos acusados por el MP de ser responsables de tomar decisiones para el manejo fraudulento y corrupto de los fondos del IHSS.



 El privilegio otorgado a las Fuerzas Armadas se interpreta como un afán del presidente de la República de cooptar a las Fuerzas Armadas en momentos de precaria gobernabilidad, de llamados a la movilización social y de circunstancias donde la lucha contra la corrupción y la impunidad, y la información que procede desde los juicios en Nueva York debilita cada vez más a la clase política, y más a quienes han gobernado los últimos años.



 Las Fuerzas Armadas y el gobierno de Honduras deben aprender del pasado reciente, cuando en el año 2009 la clase política les instrumentalizó, con las consecuencias ya conocidas; pero específicamente, deben ver hacia el sur, hacia Chile, donde ha quedado demostrado que ni una policía profesional como Carabineros, ni uno de los ejércitos más equipado de la región han sido capaces de contener el estallido social.



El Ex Ministro de la SAG está en prisión acusado de corrupción, y algunos de los fondos desviados fueron a la campaña política, entonces, ese es el fondo del fracaso institucional. Y Las Fuerzas Armadas no han concluido la tarea de la defensa y rescate del territorio del crimen. Este también es un tema de soberanía.