Los corruptos se han salido con la suya. Los estudios de organismos de la sociedad civil que activan por la transparencia calculan que los "inmorales" se llevan no menos de 65 mil millones de lempiras anuales, el 13 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).
Las mismas radiografías que se han tomado sobre las manifestaciones de la corrupción en el país subrayan, asimismo, que la mitad de las recaudaciones tributarias se queda en las manos de los deshonestos.
Estos simples datos muestran qué tan arraigada está la corrupción en el país. Es un hecho plasmado en el más reciente informe de Transparencia Internacional, cuyo principal hallazgo sitúa a Honduras como uno de los países donde hay más "putrefacción" por el robo de recursos públicos en toda América Latina.
El Consejo Nacional Anticorrupción ha denunciado "la destrucción del Estado de Derecho, la masacre de la democracia y el secuestro de las instituciones públicas por parte de los inescrupulosos".
Dicho organismo ha alertado sobre una "agresiva" escalada por parte de los corruptos que se ha puesto de manifiesto a través de varios hechos repulsivos: La expulsión de la Maccih, la desarticulación de la Ufecic y el silencio cómplice de los operadores de justicia.
El último cuatrienio ha estado plagado de actos de corrupción que han sido viables gracias a la alianza entre algunos funcionarios públicos, ciertos empresarios y narcotraficantes.
Representantes de la Asociación para una Sociedad más Justa, de su lado, han condenado que los políticos están enfocados en sus intereses particulares y no en la presentación de propuestas para combatir la corrupción.
Directivos de la mencionada organización han enfatizado que Honduras roza la línea de los países peor evaluados en América Latina en materia de transparencia.
Al mismo tiempo, han recriminado que No es posible guardar indiferencia frente a esta realidad concreta, pues es un absurdo afirmar que la corrupción es sólo un "asunto de percepción".
Ante el mundo, Honduras se presenta como un país "fértil para la corrupción y proclive para el narcotráfico", han manifestado líderes y dirigentes políticos de la oposición, quienes han cuestionado la falta de acción del Ministerio Público y la complicidad del Congreso Nacional para perseguir y castigar a los culpables.
En la opinión pública prevalece el criterio que la impartición de la justicia nacional es "un fracaso", con fundamento en un hecho: Los hondureños vinculados con el narcotráfico han sido acusados por Estados Unidos y no en el país.
Economistas que en el pasado ocuparon cargos en la Administración Pública son del parecer que debe procurarse la muerte financiera y no un castigo moral para los corruptos de Honduras, en réplica a las exigencias de la nueva administración de Estados Unidos en cuanto a fortalecer el combate a la deshonestidad.
Y es que, desde el punto de vista económico, la corrupción tiene consecuencias fatales, ya que al menos la mitad de la recaudación tributaria se la llevan los "ladrones de cuello blanco".
Honduras es catalogado como un Estado donde no hay seguridad jurídica y -como consecuencia directa- ningún inversionista vendrá al país en tales condiciones adversas.
La gran oportunidad para intensificar una lucha decidida contra la corrupción está dada por los procesos electorales, ya que se asume que en las urnas los hondureños tienen la oportunidad de expresarse por la alternancia en el poder y por un castigo ejemplar contra los que se roban los fondos públicos.
