Un tema que no debemos relegar es el que tiene que ver con el proceso de emisión de la nueva cédula de identidad, muchas veces postergado por intereses inconfesables de ciertos grupos de nefasto protagonismo.
Estos oscuros sujetos no han dejado de confabularse contra nuestra institucionalidad por décadas. Y así, se ha ido dejando de lado un asunto que es vital en tanto se basa en una corresponsabilidad entre el Estado y la sociedad civil para satisfacción del bien común.
La vigencia del documento que respalda nuestra nacionalidad ha sido muchas veces extendida, en una manifestación de los juegos inexplicables o malvados que han estado de por medio en esta materia.
Traemos a memoria acontecimientos de hace un poco más de un año, cuando la falta de voluntad de los políticos y los malabares en el Congreso Nacional trabaron la integración de los nuevos organismos electorales y, con ello, estuvieron a punto de sufrir un insuperable desfase el cronograma para sacar a luz la nueva credencial y depurar el censo nacional.
Afortunadamente ese impase fue sorteado y las líneas de trabajo delimitadas, de tal manera que el documento de los hondureños estaría listo en septiembre próximo si los tiempos son cumplidos a cabalidad.
Al tenor de lo que se ha planificado, en enero de 2021 todos los hondureños mayores de 18 años debemos ser portadores de la cédula que sustituirá a la actual, cuya vigencia llega a su caducidad el 31 de diciembre de 2020.
Somos más de nueve millones de hondureños, de los cuales un número aproximado de un millón son emigrantes. A este dato se añade que 400,000 nacionales tienen que ser excluidos en razón de que ya fallecieron, pero todavía aparecen en la base del Registro de las Personas como “vivos”.
De ahí se desprende que el plan estratégico busca identificar a unos ocho millones 200 mil hondureños, incluidos más de dos millones de menores de 17 años.
Es, en resumen, una asignatura de primer orden que no debe sufrir más obstáculos bajo ningún argumento. Además, es un proceso muy costoso financiado con 50 millones de dólares, de los cuales 20 millones son una donación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y 30 millones son un desembolso de la Unión Europea.
Ojalá que los “maniobreros” de costumbre no hagan su aparición para echar por la borda todo el programa de identificación nacional o que, valiéndose de la crisis de salud, propongan la cancelación de los procesos de consulta democrática que ya están previstos.
Todo debe seguir su ruta una vez que salgamos de la emergencia por la cual atravesamos. No hay que poner en riesgo una iniciativa que lleva implícito un irrenunciable derecho y un asunto de seguridad nacional.
