Diversos sectores han reaccionado en contra de la creación de la Secretaría de Transparencia o, al menos, han puesto en duda que la dependencia contribuya con eficacia a la lucha contra la corrupción en Honduras.
Sectores vinculados con la sociedad civil cuestionan que, en tiempos de crisis y cuando es un imperativo el uso racional de los recursos, se haya dado vida a otra dependencia estatal.
Sostienen estos críticos que la Secretaría de Transparencia únicamente viene a hacer más obeso el aparato gubernamental, a consumir más fondos y a generar funciones duplicadas.
Profesionales de la economía y de las finanzas son de la opinión que, en lugar de reducir la burocracia, el actual Gobierno crece y drena los limitados fondos, aparte de enviar un mal mensaje de derroche e ineficacia en las circunstancias difíciles por las que atraviesa el país, sumido en una doble emergencia por la pandemia Covid y por los estragos de la tormenta Eta.
En otros círculos se ha interpretado la apertura de la cartera de Transparencia como el pago de un “favor político” o como un objetivo cumplido de montar una paralela al Instituto de Acceso a la Información Pública.
Los magistrados de dicho organismo han lamentado que, en vez de fortalecer las instituciones que trabajan por la rendición de cuentas y el manejo limpio de los fondos públicos, se debiliten sus cimientos.
En esa misma vía se ha pronunciado el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), cuyos directivos consideran que la Secretaría de Transparencia no abona al afianzamiento institucional en el combate a la corrupción; por el contrario, dispersa funciones y obligaciones en esa materia.
Los miembros de la iniciativa privada han reclamado que Honduras necesita un Gobierno delgado y ágil que ayude a solucionar los problemas de la población afectada en estos momentos por el Covid y por la tormenta tropical Eta.
De acuerdo con lo que establece el decreto de creación, la nueva Secretaría deberá velar por el cumplimiento de transparencia de las instituciones del Gobierno, en el marco de 16 atribuciones, entre las cuales se destacan las de asesorar la formulación de políticas públicas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción y coordinar una estrategia de Estado abierto, participación ciudadana, control social y rendición de cuentas.
En el engranaje estatal funcionan varias instituciones con similares competencias en cuanto a la promoción de la probidad, integridad, auditoría social y lucha contra la corrupción. En esa lista están incluidos el Tribunal Superior de Cuentas y el Instituto de Acceso a la Información Pública.
Los resultados de la batalla no han sido halagüeños. De hecho, Honduras acaba de reprobar nuevamente el indicador de transparencia y ha quedado fuera de la Cuenta del Milenio.
Los sociólogos y politólogos consultados por HRN, lo mismo que dirigentes del Consejo Nacional Anticorrupción y de la Asociación para una Sociedad más Justa, coinciden en que los corruptos se han constituido en redes y son protegidos por los mismos personajes que están en el poder y por grupos económicos pudientes.
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